![Una trabajadora y un sindicalista serán juzgados en Plasencia por 'tomarse la justicia por su mano'](https://s3.ppllstatics.com/hoy/www/multimedia/202210/24/media/cortadas/laboral%20(1)_20221024164907-RpaENQUnmzMrFRfY9WZJFsN-1248x770@Hoy.jpg)
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El juicio a la trabajadora María Calle, el sindicalista Juan José Horrillo y a la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), previsto para el pasado 1 de julio, se celebrará finamente este miércoles, a las 9 horas, en el Juzgado de lo Penal de Plasencia.
La Fiscalía pide una multa de más de 7.000 euros ... para María Calle y Juan José Horrillo, así como que junto con la CNT indemnicen con 10.000 euros a la representante legal de la empresa que les ha denunciado por «daños morales». Los tres investigados están acusados de un presunto delito de realización arbitraria del propio derecho. Esto es, actuar fuera de las vías legales para poder ejercer un derecho propio, lo que comúnmente se llama 'tomarse la justicia por su mano'.
Tanto la acusación particular que representa a la empresa como la Fiscalía consideran que han llevado a cabo una campaña de desprestigio de la mercantil para solicitar que se le abonaran a la trabajadora las horas extras que se le adeudaban y a la que un juzgado dio la razón. Una campaña a través de las redes sociales y con whatsapp y correos electrónicos con mensajes acusatorios contra la empresa, dedicada a la organización de cursos y ferias y para la que María Calle trabajó durante cuatro meses. Desde octubre de 2019 hasta enero de 2020, cuando fue despedida. «Fue un despido disciplinario aunque en ningún momento me negué a realizar mi trabajo», dice la trabajadora. «Se me despidió porque pedí que se me abonaran las horas extraordinarias».
Tanto María Calle como Juan José Horrillo niegan los hechos de los que son acusados y confían en que «en el juicio todo se aclare, porque no hemos cometido ningún delito; hemos ejercido derechos fundamentales como la libertad de expresión, la libertad sindical y la libertad de manifestación, nada más».
CNT, por su parte, considera «gravísimos estos hechos en un estado democrático, que se juzgue a trabajadores y a sindicalistas por denunciar las prácticas fraudulentas de algunos empresarios parece cosa de otros tiempos». La central denuncia «la impunidad con la que actúan muchos empresarios a sabiendas de que no hay suficientes medios en inspección de trabajo y que la precariedad laboral está normalizada en la sociedad extremeña».
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