Más de dos mil personas se concentran contra el cierre de la mina de Aguablanca en Monesterio

Hoy daba igual el origen, lo único que importaba era el destino final: que Río Narcea, la empresa que gestiona la Mina de Aguablanca de Monesterio, recapacite en su decisión sobre el cierre de la explotación.

Una gran marea humana, formada por más 2.000 personas, según datos facilitados por la organización, llegadas de distintos puntos de la geografía tanto extremeña como andaluza, se congregaban este mediodía a las puertas del Ayuntamiento de Monesterio en señal de apoyo y reivindicación.

El alcalde de Monesterio, Antonio Garrote definía la concentración como "un frente común institucional al lado de la clase obrera que está siendo pisoteada por una multinacional sinsentido". El alcalde de la localidad pacense indicaba que se trata de la primera movilización, de todas las que hagan falta, para que Aguablanca no se cierre.

Garrote también destacaba la confianza puesta en la concentración para que surta efecto y mueva "la sensibilidad del Ministerio para que obligue, con los mecanismos que marca la ley, por supuesto, a la empresa a tornar esta decisión y que continúe abierta la mina", aseguraba el regidor.

Según el alcalde, la Declaración de Impacto Ambiental debería estar ya aprobada para que Río Narcea no tuviera ningún motivo para su cierre.

Muchas empresas locales, en señal de apoyo y solidaridad con el colectivo minero, también se han sumado a la causa cerrando sus negocios por unas horas.

Tanto las organizaciones sindicales como los diferentes partidos políticos han coincidido en que la llave de esta situación la tiene el Ministerio de Industria del Gobierno. En palabras de Francisco Capilla, Secretario General de UGT Extremadura, el Ministerio es quien tendría la capacidad de negociar la cesión con la empresa.

"Hay posibilidad de que esto siga, estamos convencidos. Se trata de un problema social al que el Ministerio tiene que darle respuesta y en el que hay ocultismo", remarcaba Capilla.

Desde CCOO de Extremadura, Julián Carretero, apuntaba que la Administración es quien tiene que velar por los intereses de los ciudadanos y las ciudadanas.

"La lucha no va a parar aquí, vamos a intensificarla en la medida que se necesaria. Tiene que haber una alternativa real para mantener los puestos de trabajo. El Gobierno del Estado no puede consentir que más de 20.000 personas que viven en esta zona vayan a quedarse sin una riqueza y un futuro simplemente por una decisión aleatoria de una multinacional", añadía Carretero.