Los acusados por el accidente mortal del tren en Carmonita en 2010 no entrarán en prisión

Doce años y tres meses después, el caso se juzgó ayer en la Audiencia Provincial con sede en Mérida. Queda por juzgar la responsabilidad civil. El próximo jueves el caso vivirá un segundo capítulo toda vez que no hubo acuerdo en las indemnizaciones a pagar a los fallecidos y heridos en el siniestro.

En el banquillo de los acusados se sentaron ayer cuatro responsables de la seguridad de las obras de Adif, Sacyr, Preman y Epsa Internacional para los que la Fiscalía pedía tres años y nueve meses de prisión, como adelantó HOY el 4 de abril de 2017. Estaba citada una quinta persona pero finalmente se determinó que no tenía responsabilidad alguna.

Ya en el juicio, el Ministerio Público, representado por la fiscal Coronada García, propuso la rebaja de las penas, aceptada por todas las partes.

Por un lado, se ha tenido en cuenta la atenuante cualificada de dilación indebida, ya que los hechos tuvieron lugar hace casi trece años.

El Juzgado de Primera Instancia número 3 de Mérida no concluyó su investigación hasta 2017, y fue entonces la Fiscalía emitió su escrito de conclusiones provisionales. Buena parte de los hechos que ocurrieron en el siniestro de Carmonita ya fueron recogidos en el informe elaborado por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios en julio de 2011.

La fiscal admitió ayer un retraso. Sin justificar la demora, expuso que este era un tema complejo con la implicación de empresas, algunas de ellas que ya no existen, y porque había cincuenta testimonios que recabar.

Por otro lado, otra causa para rebajar la petición de penas tiene que ver con el hecho de que en esta última década se haya modificado las penas referentes a los delitos contra los derechos de los trabajadores, tanto de lesiones como de homicidio imprudente.

Estas dos circunstancias han facilitado que se pactara la calificación de los hechos, y por los tanto la culpabilidad de los acusados en la vía penal, como así sucedió. El acuerdo no se oficializó hasta poco antes de las dos de la tarde, casi cinco horas después de comenzar la sesión.

Los cuatro acusados se reconocieron culpables de dos delitos de homicidio imprudente por los que han sido condenados a seis meses de prisión, tres por cada muerte. En principio no entrarán en prisión al no tener antecedentes.

Para tres de los condenados, la inhabilitación profesional será de 34 meses. Así, O. S.M. no podrá ejercer ese tiempo como piloto de seguridad, J. J. R. como encargado de seguridad y salud de la obra, y J. M. C. como jefe de obra. En el caso del otro acusado (J. M. G., coordinador de seguridad y salud de la obra) esa inhabilitación será de 18 meses. Es menor porque fue encausado posteriormente y para esas fechas se había reducido la pena por delitos contra los derechos de los trabajadores.

No hubo acuerdo en cuanto a la responsabilidad civil de las empresas implicadas en la obra. Es decir, quién y cuánto dinero deben asumir en concepto de indemnizaciones a los familiares de los fallecidos y a los heridos en el siniestro. Aunque los letrados de las aseguradoras negociaron, no fue posible el acuerdo.

Por eso se celebrará juicio el próximo jueves.

La fiscal García reconoció ayer a los medios que en este tipo de delitos las cuantías son muy importantes ya que los dos fallecidos eran personas jóvenes –en el caso del conductor tenía también un hijo de corta edad–, y además hay que tener en cuenta los intereses de demora desde 2010.

Los hechos juzgados ayer tuvieron lugar el 6 de septiembre de 2010, cuando un convoy ferroviario en el que viajaba una quincena de viajeros chocó con un camión que trabajaba en las obras del AVE extremeño.

Hubo dos víctimas mortales: Olga Núñez del Viejo, quien regresaba en el tren a Mérida tras hacer un examen de Magisterio; y Eduardo Durán Cidoncha, de La Garrovilla, conductor del camión dumper que invadió la vía y fue arrollado por el tren.

Los padres de Olga Nieto acudieron ayer al Palacio de Justicia de Mérida. No quisieron dar declaraciones. Su abogada, Alicia Guerra, aseguró que el pacto en la vía penal es «un sinsabor» después de tantos años. Para ella, se puede considerar como «la mejor opción» aunque hay una parte de insatisfacción, porque «después de los años pasados parece que es corta la pena».

Resultaron heridas diez personas, entre ellas dos niños de 7 y 3 años, uno de ellos de gravedad. Realizaban su primer viaje en tren. También quedó grave el maquinista, Raimundo Velázquez, mientras que el interventor de Renfe Ángel Quintero resultó herido leve.