Alburquerque asume que deberá hacer más recortes y solicita un rescate financiero

Es uno de los municipios más endeudados de España en proporción a su población, poco más de 5.000 habitantes, que soportaba según los datos resultantes de una auditoría fechada a 31 de diciembre de 2021, una deuda de 11.633.026 euros a la que se sumaban 1.680.000 euros de las deudas no vencidas con la Seguridad Social, Hacienda y devoluciones de subvenciones. En total, 13.313.026 euros.

Tras la moción de censura que en mayo de 2022 apeó de la alcaldía a Marisa Murillo, el equipo de Gobierno en coalición IPAL-PSOE gestionó el Ayuntamiento hasta las elecciones municipales del 28-M, para hacerlo desde entonces en solitario los independientes de IPAL, con Manuel Gutiérrez en la alcaldía.

En estos últimos 15 meses se ha conseguido reducir la deuda en unos 900.000 euros. La deuda actual, según los datos ofrecidos por el propio Consistorio, de 12.409.634 euros, desglosada en 11.269.634 euros de deuda viva, con entidades bancarias, más 640.000 euros con las Administraciones, y 400.000 euros resultantes de procedimientos judiciales, de sentencias por impagos a empleados municipales durante el mandato de Murillo.

Esta deuda actual, a fecha de 31 de julio de 2023, ha llevado al alcalde a calificar la situación como «endiablada» toda vez que asegura que no esperan ingresos importantes en tesorería en lo que resta de año (no ingresarán tributos del Estado, pagos de los impuestos municipales recaudados por el OAR, ni subvenciones), lo que se puede traducir en impagos de nóminas, de sentencias desfavorables, proveedores o suministros a partir de septiembre.

«No tenemos margen de maniobra», manifiesta a HOY Gutiérrez, quien ha solicitado sendas reuniones con la presidenta de la Junta de Extremadura y con el presidente de la Diputación de Badajoz, «porque necesitamos ayuda externa, un rescate financiero que contemple un aplazamiento de la deuda más allá del año 2042, la fecha prevista para cancelar la deuda, para reducir la cuantía de las cuotas que estamos afrontando».

De momento se están aplicando ya las medidas contenidas en un plan de ajuste aprobado en marzo de este año y supervisado por el Ministerio de Hacienda, que supone la subida de impuestos directos, la reducción de un 20% de la plantilla de trabajadores municipales, y el ajuste de sostenibilidad de los servicios municipales deficitarios.

«Hay que tomar más medidas impopulares. No podemos mantener una plantilla sobredimensionada que estamos reduciendo no renovando contratos, y por otro lado hay que hacer viables económicamente las residencias municipales, que son servicios muy deficitarios».

La situación es muy complicada, como reconocen desde el equipo de Gobierno, porque todo indica que empeorará en próximos años, «al aumentar considerablemente las cuotas de los créditos ICO», afirma el primer edil, quien lamenta que antes de la moción de censura, «no hubo control, fiscalización, desde Intervención del Ayuntamiento», por lo que pidió que se lleve a cabo una investigación a fondo que esclarezca lo ocurrido durante los mandatos de Murillo y su antecesor, Ángel Vadillo.