Cinco investigados por construcciones ilegales en el campo en la provincia de Badajoz

Operación en la provincia de Badajoz contra las construcciones ilegales en el campo. La Guardia Civil ha instruido diligencias como investigados a cinco personas en el marco de la denominada operación 'Insidias II'. La Benemérita considera a los cinco investigados presuntos autores de un delito sobre la ordenación del territorio y el urbanismo, por llevar a cabo una parcelación urbanística y levantar edificaciones no autorizadas en los extrarradios de San Pedro de Mérida.

La investigación se inició cuando el Seprona de la Guardia Civil de Mérida y Badajoz tuvieron conocimiento de la existencia de construcciones de edificaciones supuestamente no autorizadas en los extrarradios del municipio sampedreño.

Con las indagaciones e inspecciones llevadas a cabo en la zona, los uniformados pudieron corroborar las condiciones ilegales llevadas a cabo en obras de infraestructuras para urbanización en la parcelación. Se había realizado una división perimetral con vallado, acometido la red de suministro de agua potable y había obras de un camino o vial de acceso a las parcelas constituidas, así como edificaciones aún en construcción en un terreno catalogado como suelo rústico, no urbanizable.

Recabada la información necesaria en el Ayuntamiento de San Pedro de Mérida y en la oficina de gestión urbanística de la Mancomunidad Integral de Municipios Centro, los agentes constataron que el terreno donde se había llevado a cabo tanto la parcelación urbanística, como la construcción de cuatro edificaciones, estaba incluido como suelo rústico, no urbanizable común. La Guadia Civil destaca que la parcelación urbanística en suelo rústico está prohibida por la Ley 11/2018 de Ordenación del Territorio y el Urbanismo Sostenible de Extremadura.

Se pudo averiguar la identidad de la persona que tomó la iniciativa como promotor principal, un vecino de San Pedro de Mérida, que adquirió una parcela catastral de unas dos hectáreas de plantación de olivo, eliminó dicho cultivo para adecuar el terreno en su futura urbanización, dividiéndolo en diez parcelas, a las cuales dotó de canalización de agua potable y camino de acceso, procediendo a la venta de algunas de las mismas a otras personas vecinas de la misma localidad o sus proximidades.

Tanto el citado promotor, como otros tres propietarios, promovieron a su vez las obras de construcción de cuatro edificaciones con posible destino a casas de campo y asueto, careciendo de licencia de obras.

Con la identificación del promotor, constructor y propietarios responsables del ilícito penal investigado, se les instruyó diligencias como investigados por un presunto delito sobre la Ordenación del Territorio y el Urbanismo del Código Penal, que les implica como autores tanto a los promotores, como a los constructores y los técnicos directores que lleven a cabo obras de urbanización, construcción o edificación no autorizables en suelo no urbanizable, como pueden ser las de este caso.

De igual forma, establece que la autoridad judicial, podrá ordenar a cargo del autor de los hechos, la demolición de la obra y la reposición a su estado originario de la realidad física alterada, sin perjuicio de las indemnizaciones debidas a terceros de que hubiesen actuado de buena fe.

El Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil advierte de que adquirir parcelas rústicas a precios económicos o supuestas condiciones atrayentes, se debe obtener información acerca de los planes de urbanización de los respectivos municipios, obrantes en cada Ayuntamiento y, por supuesto, obtener de forma previa a las obras que se vayan a acometer.  

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