La Fiscalía pide 4 años y 6 meses de prisión para el exsecretario del Ayuntamiento de Acedera

Este proceso judicial se remonta a 2017, cuando la alcaldesa de Acedera, Nadia Ruiz (Unidas-IU) presentó una querella contra su antecesor en el cargo, el socialista Diego Collado y el empresario José Antonio Viceira, entre otros, por incumplir las condiciones de venta de un terreno municipal de 18 hectáreas, enajenado por 66.000 euros para crear una especie de 'Eurodisney' rural. El parque de ocio incluía canódromo, una piscina y toboganes de grandes dimensiones, un circuito de motocar, pistas de tenis y de fútbol sala, un picadero, varios espacios para tiro con arco y carabina, un ruedo para capeas, discoteca de verano y zonas de restauración y hospedaje. Sin embargo, nada de eso se levantó y en su lugar se plantaron almendros.

El escrito de acusación del fiscal considera culpable a Escobar del delito de falsedad en documento oficial por expedir una certificación del acta del pleno celebrado el 10 de julio de 2013 referida a la venta de dos parcelas propiedad del Ayuntamiento mediante subasta pública. El proceso judicial contra el secretario radica en que hizo constar como cláusula segunda del pliego de condiciones administrativas que los bienes que se enajenan deberían destinarse «única y exclusivamente a fines de naturaleza turístico recreativas salvo que por causas ajenas a la voluntad del adjudicatario no se puede llevar a cabo este destino». Esta última excepción al destino de los bienes enajenados fue incluida por el acusado a sabiendas de que la misma no constaba en el acta de la sesión por no haberse discutido en el pleno. Por estos hechos la Fiscalía de Badajoz solicita contra Escobar una pena de cuatro años y seis meses de prisión, con inhabilitación especial para el ejercicio de las funciones propias del cargo de secretario durante 5 años.

A pesar de que dos años después de la venta el empresario no había presentado solicitud de licencia de obra ni había hecho ninguna otra actuación relativa al proyecto, el alcalde socialista no promovió la reversión de los terrenos.

Posteriormente dicha certificación municipal firmada por el secretario fue presentada por la empresa adjudicataria en el proceso judicial iniciado ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Logrosán para oponerse a la solicitud de reversión de los terrenos en favor del Ayuntamiento por el incumplimiento del pliego de condiciones, precisamente porque no destinó los terrenos al uso turístico recreativo previsto.