Gallardo cesa a la alcaldesa de Alburquerque como diputada de Bienestar Social

Una alcaldesa que no paga a los funcionarios y trabajadores de su ayuntamiento no puede estar al frente de la delegación de Bienestar Social de la Diputación de Badajoz. Ese es el argumento que dio ayer el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, para retirarle las competencias provinciales a la alcaldesa de Alburquerque, Marisa Murillo, y pedirle que abandone la institución. Ayer firmó el decreto de revocación de sus atribuciones.

Uno de los trabajadores de este ayuntamiento, el policía local Juan Pedro Pulido, estuvo en huelga de hambre a las puertas del consistorio por el impago de las últimas tres nóminas durante seis días de la pasada semana. También llevó su protesta a las puertas de la Diputación. Abandonó la reivindicación el sábado porque él y sus compañeros funcionarios percibieron los emolumentos atrasados. Sin embargo, hay otros 250 trabajadores municipales que continuaban ayer afectados por impagos. Se les adeudan cuatro nóminas al personal laboral y un incontable número de jornales a trabajadores por el 2019. Por ello habrá concentraciones diarias ante el Consistorio.

Juan Pedro Pulido, el policía local que lidera las protestas, indica que 50 trabajadores han firmado un escrito para exigir una reunión con el Ayuntamiento. Quieren conocer las posibles soluciones. Algunos de los trabajadores están contratados por planes de empleo regionales, aunque la Junta envía el dinero de la subvención al Consistorio y este no abona el salario.

El Ayuntamiento de Alburquerque arrastra una gestión deficiente desde hace años que se remonta al anterior regidor, Ángel Vadillo, primero con el PSOE, y después con su propio partido. Este dio paso en las últimas elecciones a la candidatura de Murillo en el PSOE, quien a su vez mantiene a Vadillo como asesor dentro del Consistorio. La creación de esa plaza de asesor fue impugnada, pero esa impugnación fue rechazada. Ipal, el partido de Independientes por Albuquerque, preguntó en el último pleno si Vadillo ocupa el cargo de asesor y la alcaldesa no respondió. El portavoz de Ipal, Manolo Gutiérrez, explica que Murillo se refiere de forma habitual a Vadillo como «el alcalde» y que este acude regularmente al Consistorio hasta que el malestar de los trabajadores ha explotado. Los problemas de impago se producen desde hace dos años.

Esta situación ha llevado al PSOE a actuar. El primero en dar el paso ha sido Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación, al retirarle a la alcaldesa sus competencias provinciales y pedirle que entregue el acta de diputada. El impago de las nóminas es, para Gallardo, «absolutamente incompatible» con la Delegación de Bienestar Social. Este área pasa a manos del alcalde de Guareña, Abel González, que ya es responsable de Concertación y Participación Territorial.

Esta sustitución es la forma de expresar públicamente la retirada de confianza del PSOE en la regidora. De todas formas, es el inicio de un proceso que irá a más.

El secretario provincial del PSOE, Rafael Lemus, respalda a Gallardo en la decisión y espera que Murillo entregue su acta de diputada. Es decir, que abandone la institución. Lemus explica que el siguiente paso será analizar si procede la expulsión de Marisa Murillo del partido. Sobre Vadillo, al que ya expulsaron del PSOE, dicen que no pueden actuar porque ni es militante ni ostenta un cargo público. El PSOE admite que estudia pedir la intervención del Ayuntamiento al Gobierno por su mala gestión, como ya ocurrió en su día con Marbella. Esta es una petición que han formulado en los últimos días el PP y Podemos.