El Seprona investiga por maltrato a un ganadero de Siruela tras hallar 60 ovejas muertas en su finca

Una explotación de ovejas merinas negras, una especie en peligro de extinción, en el término municipal de Cabeza del Buey está siendo investigada por la Guardia Civil, que ha instruido diligencias al titular de la misma, el ganadero Miguel Cabello.

Este profesional agrario, que ha recibido varios premios por su labor a la hora de recuperar las razas autóctonas extremeñas, se enfrenta a un presunto delito de maltrato animal. Según el Seprona, en la finca que regenta se hallaron los cadáveres de unas 60 ovejas, así como otras 300 en estado de desnutrición. «Algunas de ellas eran incapaces de mantenerse en pie debido a su debilidad», informa la Guardia Civil a través de una nota de prensa, que añade que las reses muertas aparecieron «diseminadas por la finca y amontonadas en un remolque».

Por su parte, el ganadero niega que los animales estuvieran desatendidos. «Tenían agua y se les echa de comer productos ecológicos todos los días», afirma. En la misma línea, considera falso que se haya producido ningún tipo de maltrato animal en su explotación.

Defiende que su modo de trabajar es ecológico. «No le ponemos ningún tratamiento a los animales», aporta. Sí admite que se le han muerto tres o cuatro animales por causas que desconoce, pero insiste en que no había restos de 60 animales muertos, tal y como menciona la Guardia Civil.

Justifica la presencia de ovejas en diferentes estados de descomposición en la finca en que los animales que mueren sirven de alimento para las aves necrófagas. «Esos esqueletos llevaban dos o tres años, se retiran cuando se acaba el alimento y a continuación se queman», informa Cabello, que añade que estos últimos son los que la Guardia Civil halló en el remolque. Además, indica que todo parte de una denuncia anónima y considera que lo sucedido le hace mucho daño, por lo que espera que el proceso sirva para que todo se aclare y se confirme que no ha existido maltrato animal.

Desde la Guardia Civil se señala que recibieron información sobre la elevada mortandad de ovejas en la explotación, de modo que acudieron a la finca el pasado 4 de diciembre. En esa visita, los veterinarios certificaron la «extrema delgadez y el evidente estado de desnutrición y abandono en que se encontraban» los animales.

Estos hechos son los que han servido para instruir diligencias contra el titular de la explotación. El delito de maltrato animal al que se enfrenta el ganadero de Siruela está contemplado en el Código Penal con penas de hasta un año de prisión y con inhabilitaciones para el ejercicio de su profesión que pueden llegar hasta los tres años.

En el caso de la muerte de los animales, estas penas se pueden elevar hasta los 18 meses de prisión y cuatro años de inhabilitación.

Por el momento, se han remitido las diligencias al Juzgado de Instrucción de Castuera.