El hallazgo de un comedero para animales lleva ante el juez a un vecino de Herrera del Duque

Penas de cuatro meses hasta dos años o multa de ocho a 24 meses. Esto es a lo que se enfrenta un vecino de Herrera del Duque que está siendo investigado por la Guardia Civil por caza furtiva, acusado como presunto autor de «un delito contra la flora y fauna al cazar sin autorización», según detalla el instituto armado.

El herrereño fue descubierto gracias a que, a principios de este año, agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de la localidad pacense hallaron en el paraje conocido como 'Los Castaños' del término municipal pacense de Puebla de Alcocer un comedero preparado para atraer y facilitar piezas de caza mayor. Este estaba ubicado en una zona no habilitada para la modalidad de caza «en espera o aguardo», sostiene la Guardia Civil.

Tras el hallazgo, los agentes sospecharon que en la finca se estaban llevando a cabo acciones delictivas de furtivismo y se practicaron varias indagaciones con las que se consiguieron «suficientes pruebas periciales para implicar a un vecino herrereño con antecedentes por hechos similares», señala en una nota la Benemérita.

Los agentes de la investigación apuntan que supuestamente tras adentrarse en la finca y careciendo de la preceptiva autorización del titular del terreno acotado, estaría cazando piezas de caza mayor en época de veda, haciendo uso de un rifle con acople de mira telescópica y atenuador de sonido, es decir un silenciador.

Con todas las pruebas incriminatorias obtenidas, el viernes pasado, se les instruyó diligencias como investigado «por un delito contra la flora y la fauna, al practicar la caza en un terreno sometido a régimen cinegético especial sin el permiso correspondiente en época de veda, interviniéndole el arma utilizada, un rifle con mira telescópica y silenciador acoplado», reseña la nota.

Las diligencias han sido entregadas en el Juzgado de Instrucción de Herrera del Duque.

Ahora, según lo establecido en el Código Penal, se enfrenta además de penas de prisión de cuatro meses hasta dos años o multa de ocho a 24 meses, también puede conllevar la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho a cazar por tiempo de 1 a 3 años.

La Guardia Civil indica que es fundamental la colaboración ciudadana, especialmente por parte de las propias sociedades, cazadores y Guardas Rurales, con el objetivo de intentar erradicar y evitar estas prácticas ilícitas.

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