El SES indemniza con 53.000 euros a un menor que perdió un testículo por un diagnóstico erróneo

Dos días después,  el menor tuvo que acudir al Hospital Universitario Severo Ochoa, en la Comunidad de Madrid, al persisitr el intenso dolor y la inflamación testicular. Las pruebas realizadas en ese centro hospitalario acreditaron que existía torsión testicular de dos días de evolución. El diagnóstico llegaba tarde. Ya era imposible salvar el testículo izquierdo.

La resolución del SES a la que ha tenido acceso HOY reconoce que la torsión testicular es una urgencia médica, pues la supervivencia del testículo depende del diagnóstico y tratamiento precoz. En este caso, la infravaloración de los síntomas del paciente y la ausencia de pruebas llevó a realizar un diagnóstico erróneo y esto implicó un retraso diagnóstico de dos días desde que el paciente acudió por primera vez al servicio de urgencias hasta que por fin se realizó la prueba capaz de dar con el diagnóstico, «una simple ecografía».  

La resolución administrativa dictada por la Administración regional tras el suceso tiene en cuenta los argumentos planteados por el abogado Carlos Sardinero, que presentó una reclamación por responsabilidad patrimonial de la administración.

En las condiciones médicas particulares de su informe, la médico inspectora señala que es obvio e incuestionable, que cuando acude al servicio  de Urgencias del día 24 de diciembre aquejado de «inflamación y dolor en testículo izquierdo que ha comenzado hace unas horas, como así atestigua el informe de Urgencias de dicho hospital, se presenta un cuadro de escroto agudo. Valoramos y razonamos desde el punto de vista médico que es plausible convenir que la primera sospecha diagnóstica, ante el cuadro de escroto agudo que presentaba, correspondiera a una torsión testicular».

«A la vista de lo expuesto en el informe del Servicio de Inspección Sanitaria, se evidencia que, en la asistencia sanitaria prestada, el error diagnóstico y la omisión de una ecografía doppler ante una clínica de escroto agudo constituye una actitud alejada de la normopraxis», concluye.

El letrado que ha llevado este caso, perteneciente al despacho Sardinero Abogados, solicitaba una indemnización de 88.535 euros, que finalmente ha sido parcialmente estimada por la Administración. Esta resolución agota la vía administrativa y ahora cabe recurso de reposición ante el director gerente del SES o bien inicIar un proceso judicial.

La defensa de los intereses del paciente ha sido dirigida por el letrado Carlos Sardinero, especialistas en Derecho Sanitario y adscrito a los servicios jurídicos de El Defensor del Paciente.