Los detenidos por el bebé de Don Benito son acusados de adopción ilegal y falsedad documental

La cuarta persona investigada, la mujer gestante del recién nacido, de 28 años, sufrió un desvanecimiento en dependencias policiales tras haber recibido el alta hospitalaria el martes; fue trasladada de nuevo al centro hospitalario bajo custodia policial sin llegar a prestar declaración ante el juez. Esta previsto que lo haga mañana jueves.

Los investigados, todos de nacionalidad rumana, están acusado de un presunto delito de adopción ilegal y de falsedad documental. Se enfrentan a una pena máxima de ocho años. Al hermano, de 30 años, se le considera cooperador.

Este miércoles sí pasaron a disposición judicial con presencia de un intérprete la pareja, de 42 y 43 años, que supuestamente compró al bebé y el hermano del varón que fue detenido horas después de conocerse el suceso en el transcurso de la investigación que lleva a cabo la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (Ufam) de Don Benito.

El abogado defensor, Ángel Luis García Sanz, insistió en la tesis de que «todos son inocentes y no hay nada de lo que se está diciendo, simplemente, han ayudado a una compatriota y no hay nada más» .

El artículo 221 del Código Penal sobre adopción ilegal establece que aquellos que, mediando compensación económica, entreguen a otra persona un hijo, descendiente o cualquier menor aunque no concurra relación de filiación o parentesco, eludiendo los procedimientos legales de la guarda, acogimiento o adopción, con la finalidad de establecer una relación análoga a la de filiación, serán castigados con las penas de prisión de uno a cinco años. Asimismo, con la misma pena serán castigadas las personas que lo reciban y el intermediario, aunque la entrega del menor se hubiese efectuado en país extranjero. En el caso de la falsedad documental, según recoge el artículo 392, serán castigados con penas de prisión de seis meses a tres años.

Los tres detenidos abandonaron la sede judicial acompañados por su abogado en torno a las cinco de la tarde, unas siete horas después de su traslado a dependencias policiales donde pasaron la noche detenidos. A las puertas del Juzgado esperaban además algunos de sus familiares. El juez ha decretado para el matrimonio la libertad provisional con obligación de comparecer en el Juzgado los días 1 y 15 de cada mes, así como la retirada del pasaporte y la prohibición de acercarse al recién nacido a menos de 150 metros. Mientras que para el familiar se ha acordado la libertad provisional sin obligación de comparecencia.

Según explica el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, la instrucción sigue abierta y no se descarta que haya más personas investigadas.

Hay que recordar que la investigación se inició la madrugada del martes cuando una mujer de 28 años dio a luz a un varón. Los trabajadores del centro hospitalario avisaron a la Policía Nacional por las sospechas surgidas, al comprobar que los datos que aparecían en la filiación de la madre no coincidían con su aspecto físico. Según ha podido conocer este diario, uno de los detalles que despertaron sospechas es que la madre natural no estaba operada de apendicitis, tal y como aparecía reflejado en la documentación.

Tras tomar declaración al hombre, la Policía Nacional procedió a su detención junto a su mujer. La pareja pasó el martes a disposición judicial, pero tuvo que aplazarse el proceso debido a la falta de intérprete.

El matrimonio reside en Don Benito desde hace veinte años, pero según los primeros datos de la investigación que han trascendido, la compraventa se pactó con la madre gestante en Rumania a cambio de la cantidad de 2.000 euros. Algo que niegan los acusados.