El fiscal pide dos años y medio de cárcel para nueve directivos de la cooperativa San Isidro de Miajadas

Con más de 500 socios, la cooperativa San Isidro de Miajadas es una de las más importantes de Extremadura. Actualmente su directiva está en entredicho por un juicio que tuvo lugar ayer en el Palacio de Justicia de Cáceres.

La Sala número 4 estaba llena de agricultores, de grandes productores de tomate que estaban pendientes del juicio que comenzó a primera hora de la mañana. En el banquillo de acusados se sentaba Manuel Rodríguez Corrales, presidente de la Cooperativa y otros ocho miembros del Consejo Rector.

Se les acusa de haber cometido un delito de obstrucción a la justicia, de coacciones y amenazas. Según varios testigos, en noviembre del año 2014, cuatro asociados fueron a la sede de la cooperativa para pedir que les enseñaran los libros de cuentas. No se los dieron y entonces fueron a denunciarlo en el cuartel de la Guardia Civil.

En febrero de 2015 cada uno de los cuatro agricultores que pusieron la denuncia recibió un burofax indicando que si no retiraban la denuncia, se podría iniciar un procedimiento de expulsión contra ellos. Se sintieron coaccionados, y declararon que la expulsión de la cooperativa supondría además un desprestigio para ellos y un gran mal económico, porque en febrero es cuando ya tienen perfilada la campaña del tomate.

Los acusados negaron ayer que ellos les hubieran coaccionado y dijero incluso que desconocían quién había redactado y enviado los burofaxes.

Su abogado defensor, Luis Molero, solicitó la libre absolución para todos ellos. Según su punto de vista, en este juicio lo que se estaba viendo era «una guerra societaria entre dos grupos enfrentados». Insistió en que los burofaxes no fueron redactados por el consejo rector, al que sin embargo sí que les suspenden de sus derechos políticos: «Eso es lo que pasó, en dos juntas se les suspendió de sus derechos políticos, y ellos continuaron haciendo su labor como unos cooperativistas más; pero no ha quedado acreditado que los acusados redactaran los burofaxes», insistió.

Eso no es así para el abogado Pedro del Pino que ejerce la acusación particular, en representación de los cuatro asociados que aseguran que se sintieron amenazados. Según este letrado, cada uno de los burofaxes enviados tenía el sello de la Cooperativa San Isidro de Miajadas y también la firma del presidente, Manuel Rodríguez Corrales.

Solicitó a la titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Cáceres que condenara a cada uno de los acusados a cuatro años de prisión y se les inhabilitara, también durante cuatro años, para dirigir cualquier cooperativa. Además solicitaba una multa a cada uno.

El ministerio fiscal ha cambiado de parecer durante el procedimiento. Al principio pedía la absolución, igual que la defensa, pero ayer solicitó para cada uno una pena de dos años y seis meses de prisión.

De los cuatro socios que se sintieron coaccionados, tres se han dado de la baja de la cooperativa.