La caza en Monfragüe cuenta sus días

Antonio J. Armero

Cáceres

Domingo, 29 de noviembre 2020, 07:45

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Giro de 180 grados a la caza en Monfragüe. Si prospera el plan que quiere poner en marcha la Junta de Extremadura, las 18.396 hectáreas del parque nacional no volverán a ver una montería. Serán sustituidas por otros métodos que la administración considera más apropiados, como la eutanasia o la captura con jaulas o cercones. Estos cambios figuran en el borrador del Plan de acción selectiva, el documento que recoge las bases sobre la gestión cinegética de este espacio natural, el más protegido de la región. La Junta debía haberlo aprobado hace casi cinco años, pero sigue pendiente. Lo que hay a día de hoy es una propuesta que será debatida el próximo día 1 por el Patronato, el órgano que controla la administración del parque.

Una cita que llega en un momento particularmente complejo: el pasado miércoles, la Junta autorizó abatir el doble de jabalíes de lo habitual no en el parque nacional sino en varios cotos de un área colindante que cubre 30.767 hectáreas. Y el próximo día 5 caduca la moratoria que concedió la Ley de Parques Nacionales aprobada hace seis años para que en estos espacios quede prohibida la caza deportiva y comercial. Una restricción que en teoría no debería suponer ninguna novedad para Monfragüe, donde la caza comercial está prohibida desde hace casi tres décadas y por triplicado: en 1991 por la Ley de Caza de Extremadura, en 2007 por Ley de declaración del parque nacional y en 2014 por el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG). Sin embargo, las excepciones que recogen estas leyes (cacerías por razones biológicas, técnicas o científicas) han permitido que en los últimos años se celebraran lo que para unos eran monterías y para otros acciones cinegéticas de control de población. Para completar el puzzle, aparece como telón de fondo el informe que el Defensor del Pueblo emitió en verano, cargado de críticas a la Junta por su gestión de la caza en Monfragüe. Un asunto polémico, con posturas enquistadas y que está a punto de inaugurar una nueva etapa.

«Prohibir la caza en el parque nacional es una decisión con la que pierden el campo, las zonas rurales y sus habitantes», opina José María Gallardo, presidente de la Federación Extremeña de Caza (Fedexcaza). «La caza es incompatible con el parque nacional», defiende Marcelino Cardalliaguet, responsable autonómico de SEO/Birdlife. «Será un paso atrás importante para la comarca», cree Juan José Montero, presidente de la sociedad de cazadores de Deleitosa. «Es una alegría que la Junta se haya comprometido a poner fin a la caza comercial en el parque nacional», se felicita Ecologistas Extremadura. «Lo que quiere hacer la Junta es una barbaridad de tal magnitud que igual nos vemos las caras en Bruselas», anticipa en tono encendido una dueña de terrenos cinegéticos (la Comisión Europea dijo en enero de 2018 que la caza sostenible en Monfragüe «puede ser una herramienta para ayudar a lograr los objetivos de conservación de la Red Natura 2000»).

Cazadores y conservacionistas están tan distanciados que discrepan incluso al analizar una de las claves del debate y de lo que se pondrá sobre la mesa pasado mañana: la dimensión del problema de superpoblación de ungulados en el parque.

El relato aceptado por casi todos es que hasta los años setenta en Monfragüe había un número razonable de ciervos y jabalíes. Pero entonces desapareció el lobo y la caza quedó como único método para frenar la expansión descontrolada de estas dos especies. En 1991 se prohíbe la caza en el entonces parque natural y estos ungulados empiezan a multiplicarse. Hasta tal punto que la Junta decidió en 1997 autorizar lo que entonces denominó batidas de control, germen de lo que ahora se llaman acciones cinegéticas de control poblacional. Son cacerías autorizadas por la Junta y que pueden ser comercializadas.

La razón que justifica estas acciones o cacerías o monterías –que independientemente de cómo se les llame, se han venido celebrando con el permiso de la administración regional–, es controlar las poblaciones de ciervos y jabalíes, que en número excesivo dañan la vegetación y amenazan la salud de la cabaña ganadera. En particular los jabalíes, principales vectores de varias enfermedades, entre ellas la tuberculosis, que por temporadas ha castigado a miles de explotaciones de toda la región.

Pero el problema surge al comprobar que las poblaciones de ungulados siguen disparadas, si bien hay ecologistas que ponen en solfa la veracidad de los datos que aporta la Junta para sustentar esta afirmación. La propia administración regional alimenta estas dudas al no especificar públicamente la autoría de cada uno de los recuentos de población que ha pagado y sus resultados, una falta de transparencia que le ha afeado el Defensor del Pueblo, el socialista cacereño Francisco Fernández Marugán.

«El exceso de ungulados no se ataja cazando, sino con mejor gestión en las fincas»

Marcelino Cardalliaguet | SEO/Birdlife Extremadura

«Con estos cambios, pierden el campo, las zonas rurales y sus habitantes»

José María Gallardo | Federación Extremeña de Caza

Este asunto de la superpoblación –hay quien habla ya de hiperpoblación– lo estudió de 1996 a 2006 la Cátedra de Ecología de la Universidad de Extremadura, y en 1998 la facultad de Veterinaria en colaboración con la Dirección General de Medio Ambiente. A finales del año 2015, la Junta encargó otro informe, que fue entregado un año después pero que según apunta la propia administración, no permitió «alcanzar el conocimiento necesario», por lo que pidió uno nuevo que se hizo de octubre de 2016 a a marzo de 2017. Y en junio de 2017 encargó otra estimación. Según estos últimos estudios, un 72% del territorio del parque tiene ciervos de calidad baja o muy baja, y el impacto de estos animales y los jabalíes sobre la vegetación es alto o muy alto en el 62% del espacio protegido. Además, padecen tuberculosis tres de cada cien ciervos y el 25% de los jabalíes.

«A la vista de estos estudios y de los demás datos que se poseen, y teniendo en cuenta la incidencia de la tuberculosis en determinadas zonas de Extremadura, se considera imprescindible proceder a la reducción de ciervos y jabalíes de ambos sexos de manera significativa en el interior del parque nacional». Esto decía la Junta en agosto de 2018, en un texto publicado en el DOE. El pasado miércoles, también en el boletín oficial, explicaba que «se ha constatado que la población de jabalíes no solo va en aumento, sino que en ese entorno (Monfragüe) adopta una dinámica de desplazamientos entre el parque y las zonas limítrofes en busca de alimento, lo que puede redundar en riesgos de accidentes de tráfico, riesgos para la sanidad animal y en comprometer el buen estado de conservación de las formaciones vegetales de este singular paraje». Por todo ello, autoriza que se cacen más jabalíes en 16 fincas. Pero con el matiz ya recogido: no dentro del parque, sino en los alrededores. Suele decirse que el parque en sí (18.396 hectáreas) es el dormitorio de estos ungulados, que se refugian en la espesura del bosque mediterráneo, y los cotos del entorno (30.767 hectáreas) son su despensa. Los animales se mueven libremente entre un área y otra porque entre ellas no hay vallas.

«Que en una zona no se pueda cazar nada y en la de al lado el doble de lo normal no tiene sentido, porque el problema de superpoblación se da lo mismo en un sitio que en otro, un animal puede estar tres días de la semana en el parque y cuatro fuera de él o al revés», apunta Juan José Montero, presidente de la sociedad de cazadores de Deleitosa, municipio del área de influencia del parque. Ingeniero Civil (Obras Públicas) que nació y vivió en Madrid y conoce la realidad urbana y la rural, cree que la solución es «la caza sostenible, un modelo difícil de definir pero posible».

«Nuestros datos de paro y población dejan claro que no estamos para regalar oportunidades de empleo –apunta Montero–. Si tenemos unos valores medioambientales que podemos aprovechar, no veo por qué no hacerlo si es respetando el medio». «Cualquier cambio que se haga en Monfragüe debe tener en cuenta a quienes han conseguido que sea Parque Nacional, es decir, a los vecinos de sus pueblos, a los propietarios de fincas de caza y a los ganaderos que tienen contratada a gente de la zona y que no pueden exponerse a que sus animales enfermen de tuberculosis». «Estos pueblos tienen tal dependencia de la caza... –acaba Montero– En ellos, un día de montería es una fiesta. Viene mucha gente y se llenan las calles y los negocios locales».

Podría dar fe de ello o desmentirlo el alcalde de Serradilla, el municipio con más suelo en el Parque Nacional. Pero dice que en el asunto confluyen tantos intereses que prefiere callar. Y quizás ese silencio suyo es una pista sobre el alcance del problema. En cualquier caso, su ayuntamiento (seis de los nueve concejales son del PSOE) es uno de los ocho –de 14 que forman el parque y su área de influencia– que apoyó la moción que les envió la Federación Extremeña de Caza. De esos ocho consistorios que no quieren que se prohiba la caza en Monfragüe, seis están gobernados por el PSOE y dos por el PP.

«Que haya rehalas de perros batiendo manchas de terreno para llevar a los animales hacia una línea de escopetas es incompatible con ser Parque Nacional», aprecia Marcelino Cardalliaguet, que cree que «toda la caza debe desaparecer de Monfragüe, porque tanto monterías como aguardos o recechos alteran el equilibrio natural del ecosistema». «El exceso de ungulados –apunta el responsable de SEO/Birdlife– se da en toda la región, y no se ataja cazando, sino mejorando la gestión en las fincas. Algunas de ellas proporcionan a esos animales alimentación suplementaria, incluso vitaminada, para que tengan cornamentas más desarrolladas y así sean más atractivas para los cazadores». «Es llamativo –concluye Cardalliaguet– el empecinamiento del sector cinegético, que en nuestra región es un 'lobby' poderoso, por no renunciar a cazar en ningún sitio, por pequeño que este sea».

«La caza en Monfragüe se va a prohibir por motivos ideológicos y no científicos», opina el presidente de Fedexcaza, que afirma que la Junta ya ha empezado a aplicar cambios y este año ha suspendido varias acciones cinegéticas. Si la administración regional pone en marcha su plan «en dos o tres años, la superpoblación se habrá disparado», vaticina José María Gallardo, que asegura que «los vecinos de la zona no quieren ni oír hablar de prohibir la caza». Además, él cree que «a partir de ahora, a los animales se les matará con métodos mucho más irrespetuosos hacia ellos que las monterías, y muy desagradables, como el llamado de bala cautiva». La entidad que él dirige ha elaborado un informe que concluye que la caza en Monfragüe debe continuar porque la ley de parques nacionales pide que se impulsen los usos tradicionales del lugar y este lo es; porque beneficia al desarrollo sostenible de las poblaciones del entorno y porque es necesaria desde un punto de vista ecológico. «Y mucho nos tememos –añade la Federación– que los controles poblacionales podrían dejar de ejecutarse».

A Ecologistas Extremadura, la asociación que llevó el asunto al Defensor del Pueblo, el adiós a las monterías le parece una noticia para festejar. «Redundará muy positivamente en la conservación del parque nacional», anticipan en su web. Y desvelan qué le ha dicho la Junta al Defensor del Pueblo, porque este les ha enviado a ellos las respuestas de la administración regional. Según esta asociación, la Consejería se dispone a modificar el PRUG y la Ley de declaración del Parque Nacional en un sentido que impida la celebración de monterías en el parque.

Tienen justo la visión contraria los dueños de fincas de caza. «Cada una de las acciones cinegéticas que hemos celebrado han sido por los motivos previstos en la ley y bajo autorización de la Junta», hace ver la Asociación de Propietarios Privados del parque nacional, que forma parte del Patronato. «En Monfragüe no se hace caza comercial desde el año 2007», añade este colectivo, que entiende que los cambios que la Junta pondrá sobre la mesa el próximo día 1 «van en contra de la ley de parques nacionales y de la del PRUG». Además, estos propietarios advierten del «gravísimo problema de tuberculosis que hay en la zona, y que con los cambios que se quieren aplicar dará lugar a un desastre ganadero».

La secretaria de este colectivo y directora de la Asociación de Productores de Caza, María Teresa González, tiene claro que «los controles que hemos venido celebrando deberían poder seguir desarrollándose igual a partir del 5 de diciembre».

Como al resto de implicados en la caza en el parque, HOY pidió hablar con algún responsable de la Junta. La Dirección General de Sostenibilidad remitió al martes, una vez celebrada la reunión del Patronato, para explicar su postura.