Condenan a una exalcaldesa por quedarse el iPhone y el portátil del Ayuntamiento tras perder las elecciones

La antigua regidora es condenada también a pagar las costas procesales, incluidas las de la acusación particular ejercida por el Consistorio del municipio cacereño, y también al abono de 749 euros, que fue lo que costó el ordenador portátil que el Ayuntamiento compró para ella y que según la condenada, tiró a la basura porque se rompió, una versión que no cree la magistrada-jueza, Ana María Ríos Cabrera.

El capítulo de hechos probados de la sentencia dictada el pasado día 7 recoge que De Cáceres recibió en marzo del año 2021 el citado teléfono de alta gama, valorado en 1.259 euros, «terminal bonificado como parte del contrato de suministro que la empresa Internet Extremadura SL mantenía con el Ayuntamiento de Torrecilla de los Ángeles desde el año 2016, para su uso en virtud de su condición de alcaldesa«.

En diciembre de ese mismo año, ante la necesidad de trabajar mediante videoconferencias por los confinamientos decretados para luchar contra la pandemia de covid, la entonces alcaldesa compró con su dinero en El Corte Inglés un ordenador de la marca Asus, modelo VB Flipe 14, por el que pagó 749 euros que luego el Consistorio le reintegró mediante una transferencia a su cuenta. «Tanto el ordenador portátil como el teléfono móvil -detalla la sentencia- eran utilizados por la acusada como herramientas de trabajo y en el ejercicio de sus funciones municipales, de forma que los consumos de la línea utilizada por la alcaldesa en aquel terminal eran abonados por el Ayuntamiento».

Las elecciones de mayo de 2023 propician un giro en la corporación municipal y dan la alcaldía al PP, tras dos legislaturas de gobierno socialista. La nueva alcaldesa, Ana Vanessa Gómez Domínguez, reclama a su predecesora que le entregue los dos dispositivos. Y esta responde que tanto uno como otro se le rompieron y los tiró. «Que lo vayan a buscar en la basura de Mancomunidad«, le responde por WhatsApp de Cáceres a Gómez cuando esta le reclama el ordenador. Y sobre el móvil, le dice 'Jajajja, pues que casualidad que tb (también) se me ha roto».

Al escrito formal en el que el Ayuntamiento le solicita la devolución del teléfono y el ordenador, la abogada de la ahora condenada responde con otro en el que afirma que «hace algo más de dos años que no dispone del terminal móvil, ya que un desafortunado accidente dejó el terminal inutilizable, por lo que lo consideró un residuo y lo depositó en la basura». Y alega lo mismo para el portátil.

Ante la negativa a entregar los dispositivos, la nueva alcaldesa denuncia los hechos ante la Guardia Civil, y los agentes del puesto de Villanueva de la Sierra inician una investigación que incluye un informe en el que la compañía Vodafone constata «que el IMEI (un código de 15 dígitos que identifica a cada móvil) asignado al terminal está operativo y está siendo usado entre junio y agosto de 2023, y que su titular es la acusada».

En septiembre de ese año, Mónica de Cáceres -que en un primer momento tras la denuncia se acogió a su derecho a no declarar- acude al puesto de la Benemérita y entrega el iPhone. Y posteriormente, ante el juzgado que instruye la causa, «reconoce que mintió a la nueva alcaldesa, al decir que el teléfono se había roto», y añade que lo hizo «por rabia», detalla el relato de la magistrada-jueza, que en su sentencia refiere «la absoluta falta de concreción y detalle del momento y circunstancias en que se rompe el ordenador». Además, destaca el texto judicial «la solvencia, persistencia y total credibilidad» del relato de la actual alcaldesa frente a «la versión carente de toda lógica y verosimilitud, pues ha resultado imprecisa, cambiante y falta de toda credibilidad» de la anterior regidora.

La acusada se negó a entregar el móvil alegando que fue un regalo a título personal del comercial de la empresa suministradora de Internet, a cambio de la gestión que ella hizo para facilitarle reuniones con otros alcaldes de la Mancomunidad Sierra de Gata. Sin embargo, en el contrato entre Internet Extremadura S.L. y el Ayuntamiento de Torrecilla de los Ángeles, un acuerdo que de Cáceres no llegó a firmar, figura que el terminal está ligado al contrato municipal y que es un teléfono bonificado a cambio de una permanencia de 36 meses que en caso de incumplirse, implicaría penalización. Ocurrió, de hecho, que el Consistorio rescindió el contrato con la empresa y esta le reclamó por burofax que pagara la devolución o el abono del terminal, con una penalización por baja anticipada de 2.762 euros.

Ante estos hechos, el Juzgado de lo Penal condena a la antigua alcaldesa a un año de prisión y pagar el valor del portátil, las cosas del proceso incluidas las de la acusación particular ejercida por el Ayuntamiento de Torrecilla de los Ángeles y también a un año de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo.