La investigación por presunta prevaricación contra Alberto Casero, en el Tribunal Supremo

Alberto Casero ha sido noticia a nivel nacional durante las últimas semanas porque su error a la hora de votar telemáticamente en el Congreso de los Diputados permitió la aprobación de la derogación parcial de la reforma laboral, a la que el PP se oponía.

La investigación abierta, que ha durado varios meses, se ha centrado en la contratación de diversos servicios que hizo el Consistorio trujillano durante el mandato de Casero como regidor (2011-2018), sin cumplir en teoría los requisitos legales necesarios para la contratación pública.

Fuentes del TSJEx confirman que este miércoles ya se envió la causa al Tribunal Supremo. «Después de las diligencias de investigación practicadas tanto documental como testificales, para la toma de declaración de Alberto Casero como investigado, se pasa al Supremo para respetar su derecho a la defensa como aforado». Asimismo, se insiste en que este paso no quiere decir que haya indicios de delito, sino que el juzgado trujillano no es competente para la toma de declaración del investigado.

Ya, en noviembre del año pasado, fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), matizaron que lo único que se estaba haciendo era recabar la información necesaria para comprobar si había o no indicios de delito.

El actual alcalde, José Antonio Redondo, tras declarar como testigo en el juzgado por esta causa a finales del año pasado, recordó que la investigación se debe a que entonces conocieron la existencia de diversos contratos de servicios, firmados en la legislatura anterior, que no constaban en el registro municipal, y no se habían aprobado en Pleno, ni en Junta de Gobierno. «Son situaciones muy irregulares que tanto Secretaría como Intervención aconsejan que hay que ponerlo a disposición de la Justicia para que diriman de quién es la responsabilidad», afirmó en ese momento. Asimismo, indicó que la reiteración de este tipo de hechos provocó que se abriera la investigación.

Asimismo, en octubre de 2020, Redondo anunció que llevaría a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas las reclamaciones económicas que judicialmente habían hecho varias empresas. Una de ellas eran unos 30.000 euros de la Cámara de Comercio de Perú en España. También estaban los algo más de 56.000 euros de la Asociación Cultural 'Bon Vivant' por la celebración de los premios PopEye en el municipio trujillano.

Con la instrucción ya enviada, ahora el Tribunal Supremo deberá decidir si continúa con la causa ya en Madrid, la archiva o la devuelve al juzgado trujillano para que la magistrada titular practique más diligencias. Por ahora, en ningún momento Casero ha sido citado a declarar.

Los estatutos del PP fijan que cuando un afiliado haya sido llamado a declarar como investigado (algo que no ha pasado con Casero) se procederá «a la apertura de un expediente informativo» que se transformará en disciplinario si se abre juicio.