Marina Isla Valdecañas: 16 años de polémica

La decisión del Tribunal Supremo de ordenar la demolición total de Marina Isla Valdecañas acerca el final de un caso que apareció de puntillas en la escena informativa extremeña al inicio de 2006. En los años siguientes, y con más intensidad en el último lustro, el asunto ha sido objeto de polémica permanente, con posturas enfrentadas sobre la pertinencia de la demolición. Probablemente, el debate continuará en los próximos días, semanas y meses. El contexto que lo enmarca todo es una historia de 16 años de anuncios, advertencias, sentencias, recursos, informes y declaraciones que pueden resumirse en 14 fechas claves.

El 25 de enero, la Junta anuncia que ha dado su visto bueno inicial al proyecto para construir un complejo turístico y residencial de lujo junto al embalse de Valdecañas. Lo ha presentado un grupo inmobiliario andaluz que tiene como accionista mayoritario a la sociedad Marina de Islantilla, promotora de varios alojamientos turísticos en la costa de Huelva (apartamentos y el hotel Oasis en Islantilla o el complejo Marina del Rompido en Cartaya). El consejero de Economía, Manuel Amigo, afirma que se trata de la mayor inversión turístico-residencial (unos 200 millones de euros) hecha hasta entonces en la región. El Consejo de Gobierno de la Junta declara el proyecto de interés autonómico, lo que significa que se tramitará como un PIR (Proyecto de Interés Regional). Alos dos días de este anuncio, Adenex (Asociación para la Defensa de la Naturaleza) advierte al Gobierno regional que le demandará ante la Comisión Europea si no cambia la ubicación del complejo, ya que ocuparía una zona protegida. El Ejecutivo responde que la propuesta es compatible con la preservación de los valores ambientales del lugar.

El 10 de abril, la Junta aprueba definitivamente el PIR del complejo turístico, de salud, paisajístico y de servicios Marina Isla Valdecañas, que ocupará una superficie de 133,6 hectáreas. Ecologistas en Acción-CODA y Adenex recurren el decreto, recordando que ocupará suelo no urbanizable de especial protección.

Las máquinas entran en la isla. Por delante tienen un trabajo largo: levantar 310 viviendas unifamiliares, 250 apartamentos, cinco viviendas en parcelas de 2.000 metros cuadrados, un hotel de cinco estrellas con spa, centro comercial y de convenciones, otro de cuatro estrellas –entre los dos sumarían 150 habitaciones– junto a un campo de golf de 18 hoyos, una zona de playa artificial, una base náutica con 150 puntos de amarre y una zona deportiva con diez pistas de pádel, cinco de tenis, dos campos de fútbol, dos pistas polideportivas, una de voley playa y una de patinaje, además de un camino perimetral de siete kilómetros para andar, correr o montar en bici. También una carretera de acceso de 1,8 kilómetros e instalaciones para la depuración de aguas. Los promotores anuncian la creación de 500 puestos de trabajo durante la construcción y una vez en funcionamiento, 200 fijos y otros tantos temporales. Para entonces, Ecologistas en Acción ya ha presentado alegaciones contra la iniciativa.

Adenex denuncia ante el fiscal coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo del Tribunal Supremo las obras del complejo, y anuncia que llevará el asunto al TSJEx. El año anterior, ya había presentado una queja ante la Comisión Europea y una petición al Parlamento Europeo.

Las denuncias ecologistas ante la Comisión Europea por vulneración de legislación comunitaria hacen que este organismo abra un expediente sobre el complejo y solicite más documentación.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJEx, presidida por Wenceslao Olea Godoy, declara ilegal el decreto de la Junta (el 55/2007, de 10 de abril) por el que se aprueba el PIR de Marina Isla Valdecañas y ordena que los terrenos sean devueltos al estado previo a la construcción del resort. Las asociaciones ecologistas que llevaron el caso a los tribunales (Adenex y Ecologistas en Acción) se felicitan mientras que el consejero de Fomento de la Junta, José Luis Quintana, afirma que «el proyecto es absolutamente legal» y que así lo ratificará el Tribunal Supremo, al que la Junta recurrirá. Poco después de estas fechas empiezan a ocuparse chales en la urbanización.

A los 20 días de conocer la sentencia del TSJEx, el PSOE y el PP aprueban en la Asamblea de Extremadura modificar la LSOTEX (Ley del Suelo y Ordenación del Territorio de Extremadura, ya derogada). Solo vota en contra el diputado del PPTomás Martín Tamayo. El párrafo clave de esta reforma dice que «la mera inclusión de unos terrenos en la Red Ecológica Natura 2000 no determinará, por sí sola, su clasificación como suelo no urbanizable». En julio, acogiéndose a ese párrafo, la Junta homologa el proyecto, y las dos asociaciones ecologistas recurren esta homologación. Años después, ese párrafo famoso será declarado inconstitucional.

Los tribunales determinan que las asociaciones ecologistas denunciantes que ya tienen una sentencia a favor deben pagar una fianza de 41 millones de euros si quieren que se paren las obras. El dinero se exige como fondo de seguridad por si fallos judiciales posteriores dan la razón a la promotora del complejo. Los dos colectivos dejan claro que no pueden abonar esa cantidad. Adenex había ofrecido pagar una fianza de 1.000 euros y Ecologistas en Acción, 5.000.

El Tribunal Supremo ratifica la sentencia dictada por el TSJEx tres años y dos meses antes.

La Junta alega ante el TSJEx la imposibilidad de ejecutar la sentencia, que es la cuestión que ha concitado el interés informativo y social en los últimos años y sobre la que se acaba de pronunciar la Sala de lo Contencioso-Administrativo. El Ejecutivo regional dice que demoler el resort le costaría 34 millones de euros.

La promotora del complejo presenta el preconcurso de acreedores, dada su falta de liquidez. Afronta reclamaciones de bancos y de compradores de chalés. En agosto entra en concurso de acreedores.

El TSJEx decide que resolverá el incidente de ejecución de sentencia planteado por la Junta basándose en un informe pericial. Tras consultar a las partes quién debe realizar esa investigación, se la encarga a la Estación Biológica de Doñana, adscrita al Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Es la entidad que había propuesto Adenex.

Varios meses después de que el TSJEx le requiriera por escrito que presentara el informe cuanto antes, la Estación Biológica se lo envía. Hacerlo ha costado casi cuatro años, aunque sus autores matizan que no pudieron empezar hasta 15 meses después de recibir el encargo. Ese estudio ha costado 467.000 euros, de los que la Junta ha aportado 327.000. Los investigadores concluyen que mantener el complejo funcionando es diez veces más dañino para el medioambiente que demolerlo. Aconsejan restaurar la zona, pero no devolverla a su estado originario, pues «antes de las obras, el lugar no destacaba por su calidad ambiental en comparación con otros de la zona».

El Tribunal Constitucional resuelve la duda que le había planteado el TSJEx cinco meses antes y declara que una parte de la reforma de la LSOTEX de marzo de 2011 es ilegal porque contradicen legislación básica del Estado. Este fallo equivale a anular la reforma legal que permitió levantar el resort cuando ya había sido declarado ilegal. Uno de los doce magistrados que analizaron la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el TSJEx firma un voto particular que avala la tesis del Gobierno extremeño.

El TSJEx ordena respetar lo construido y demoler lo que se quedó a medias. También exige a la Junta un plan de demolición, restauración y revegetación cuya ejecución vigilará la propia Sala de lo Contenioso-Administrativo. Las asociaciones ecologistas que iniciaron el proceso hace casi 14 años muestran su indignación y anuncian que recurrirán.

El TSJEx informa de que la Sala III del Tribunal Supremo ha acordado atender el recurso de casación presentado por Ecologistas en Acción y ordenar que se derribe todo el complejo, entero.

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