El Supremo determinará si hay que revisar la sentencia de Isla Valdecañas

Aún no ha terminado el largo proceso judicial contra Marina Isla de Valdecañas. El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso de casación presentado por Ecologistas en Acción contra la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura del 30 de junio de 2020 que declaró la imposibilidad de demoler totalmente el complejo.

Dicho fallo estimaba que había que respetar lo construido y demoler las edificaciones que estaban a medias. Ahora el Alto Tribunal admite a trámite un recurso extraordinario que anulará la sentencia extremeña o la hará firme. El Supremo admite a trámite el recurso al entender que existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia para determinar si cabe apreciar esa «imposibilidad material de ejecución de una sentencia –respecto de todo lo que ya ha sido construido- cuando, en otro caso, se verían seriamente afectados intereses de carácter socioeconómico o de otra índole, siempre que quede debidamente garantizada la integridad ambiental». Es precisamente este el argumento jurídico en el que se basó el TSJEx para validar la demolición parcial del complejo de lujo, y no de todas las edificaciones en funcionamiento.

De momento las máquinas no han entrado en Marina Isla Valdecañas. El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura concedió a la Junta un plazo de seis meses en su auto del 1 de julio de 2020 para elaborar un plan de demolición, restauración y revegetación. El pasado 2 de marzo volvió a emitir otro auto que autorizaba al Ejecutivo a iniciar la demolición parcial y la revegetación. Le da vía libre para que empezara a cumplir la resolución que ahora será objeto de casación. De todas formas, la Junta no preveía que las máquinas empezarán a tirar las edificaciones a medio levantar hasta la primavera del año 2022. Se estima que todo el proceso, en caso de llevarse a cabo tal como aprobó el TSJ, durará 3 años.

Este litigio contencioso-administrativo comenzó hace ya catorce años, cuando Ecologistas en Acción y Adenex acudieron a los tribunales para luchar contra la construcción del resort ubicado junto al embalse cacereño de Valdecañas. En octubre del año pasado Adenex abandonaba la vía judicial, y después de que el TSJ rechazase su recurso, anunciaba que desistía y no recurriría ante el Supremo por su «alto coste emocional y económico».

Hay que recordar que dos sentencias del propio TSJEx y del Tribunal Supremo, de los años 2011 y 2014 respectivamente, declararon ilegal el complejo y ordenaron que los terrenos que ocupa, en los términos municipales de El Gordo y Berrocalejo, fueran devueltos a su estado originario.

Ahora Ecologistas en Acción pretende evitar con su recurso «que se utilicen argucias para no ejecutar sentencias de demolición de obras nítidamente contrarias a la legislación urbanística y ambiental».

En opinión del coordinador en Extremadura, la decisión del Supremo es «un motivo de satisfacción y de esperanza». «Nuestra esperanza –comenta Ángel García Calle– es que el Supremo entre a valorar lo que consideramos una ejecución irregular (la que hizo el TSJEx al alegar imposibilidad material para el derribo total), y que se lleve a efecto la sentencia del propio Supremo que ratificaba la del TSJEX.

Tras esta novedad, se contemplan dos escenarios: que el Supremo estudie el caso y ratifique el auto de demolición parcial o que tras analizarlo, determine que no es válido el argumento de la imposibilidad material de ejecución y ordene revisar el caso. «Y un tercero –amplía García Calle–: que el Supremo diga que se ejecute la sentencia en otros términos».