El Tribunal de Cuentas juzga a cinco políticos y un técnico de Jaraíz

Cinco políticos, los herederos de un sexto que falleció y el interventor del Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera tendrán que declarar hoy en el juicio abierto por el Tribunal de Cuentas por una obra realizada dentro del plan de Aepsa de 2014-2015.

Se trata del que fuera alcalde en la legislatura en la que se acometió la obra, Bonifacio Sánchez (PSOE); de cuatro miembros del equipo de gobierno de coalición de la siguiente legislatura –Pedro Laso (Extremeños), María Greis Hernández (PP), Elisabeth Santos (PP) y Ovidio Fernández (Extremeños)– y los tres herederos del alcalde de entonces –el popular Antonio Fraile, que falleció en julio de 2016–, porque aprobaron el pago de una factura de esa obra; y el interventor del Consistorio, Roberto del Olmo, por recomendar el pago.

Todos ellos, a juicio de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas y de la acusación particular del Ayuntamiento de Jaraíz, representado por el abogado Ángel Luis Aparicio en la causa, son responsables de un supuesto mal uso del dinero público.

Según explica la Fiscalía en su escrito, la creación de un parque en la finca privada del Cuco no era una obra incluida en el plan Aepsa aprobado por la Junta y para el que se concedió la subvención, sino que se incluyó posteriormente en sustitución de otra obra que sí estaba prevista en suelo público, para la que se dio la ayuda y que no se ejecutó.

Por eso tanto la Fiscalía como el Consistorio reclaman que quienes decidieron esta actuación, habilitar el parque del Cuco, devuelvan a las arcas públicas de su bolsillo el dinero que se gastó en la misma. En total, «los 92.534,37 euros en que se cifran los perjuicios ocasionados a los caudales públicos».

De ellos, detalla la Fiscalía, «Sánchez, como alcalde (2011-2015), es responsable directo de 91.979,89 euros», y el resto de los codemandados en la causa «responden directa y solidariamente de 554,48 euros».

Todos ellos declararán hoy, a partir de las 10 horas, en el juicio abierto por el Tribunal de Cuentas para determinar si deben o no pagar estas cuantías. Lo harán a través de videoconferencia en el juzgado placentino. El viernes y el lunes declararán los testigos y las partes formularán sus conclusiones.