El TSJEx confirma la inhabilitación para el alcalde de Rebollar, con mayoría absoluta el 28-M

El caso de Díaz Ramos llama particularmente la atención, porque sus vecinos han depositado plena confianza en él pese a estar condenado. Se sentó en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Cáceres junto a otros cuatro regidores de la comarca del Jerte que fueron condenados el pasado mes de noviembre por prevaricación administrativa, por el vertido de cerezas en zonas no autorizadas. La sentencia de la Audiencia Provincial de Cáceres condenó a los mandatarios municipales de Rebollar, Cabrero, Cabezuela del Valle, Navaconcejo y Tornavacas entre 2015 y 2019, a once años de inhabilitación para cargo o empleo público.

El fallo ha sido ratificado ahora por la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), aunque la sentencia no es firme y cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo. El TSJEx ha desestimado el recurso que presentaron los cinco alcaldes, confirmando la sentencia íntegra de la Audiencia.

Los hechos por los que el primer edil ha sido juzgado se remontan a 2014, cuando se certificó la finalización de unas obras de recuperación de zonas degradadas en el Valle del Jerte, que consistieron en la clausura y recuperación de los vertederos de Tornavacas, Cabezuela del Valle, Rebollar, Navaconcejo y Cabrero, entre otros.

Según la sentencia, los alcaldes afectados recibieron una carta en la que se les comunicaba su obligación de realizar un control y supervisión para evitar nuevos depósitos en lugares que no están legalmente autorizados. Pese a ello, los acusados abrieron zanjas destinadas al destrío de cerezas sobre las superficies recuperadas sin recabar ningún tipo de autorización o permiso.

Vertidos sin adoptar medidas

También ha quedado acreditado que durante su mandato como alcaldes permitieron durante un tiempo amplio estos vertidos y no adoptaron medidas algunas que lo impidiese. En el caso de Rebollar, Cabrero y Tornavacas los acusados «llegaron a estimular con colocación de carteles y el dictado de bandos municipales que los propios vecinos del pueblo o bien cualquier tercero interesado pudiese arrojar residuos en las zonas recuperadas».

Los vertidos ilegales se realizaron entre 2014 y 2018. En un principio, la Fiscalía denunció a quince municipios del Jerte, archivándose la denuncia a la mayoría de los alcaldes, hasta quedar solo los cinco alcaldes que han sido condenados.