El juez archiva la causa contra los promotores del 25S

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha archivado la causa contra los promotores del 25S. En su fundamento jurídico el magistrado afirma que las actuaciones del 25S "no son constitutivas de infracción criminal". En todo caso, afirma, aún cabe recurso contra la resolución judicial.

A lo largo del escrito, Pedraz concluye que la convocatoria no supone comisión de delito alguno ni que tampoco se puede entender que la actuación de los posibles participantes constituya un delito contra las altas instituciones del Estado. En este sentido, aclara que "en ninguna parte de la convocatoria se indica que se penetre en el Congreso con armas o instrumentos con tal fin". Asegura que tampoco cabe apreciar delito en el intento de rebasar el perímetro de seguridad de la Cámara Baja, así como en impedir a los diputados abandonar el hemiciclo.

En el auto reconoce que "es cierto que se ocupan 'instrumentos peligrosos' -adoquines, una maceta de albañil, pilas, un cincel-, mas no por ello hay que deducir que esos instrumentos fueran para entrar en el Congreso". Así las cosas, "no cabe, en consecuencia, apreciar un delito como el artículo 495 del Codigo Penal". De esta forma, Pedraz deja entrever que los 35 detenidos, a los que la jueza de Madrid imputó, tampoco cometieron un delito contra las altas instituciones del Estado porque no alteraron el normal funcionamiento del Congreso ya que la larga sesión del pleno se desarrolló normalmente.

Pedraz hace un alegato de la defensa de los derechos fundamentales y de la libertad de expresión y dice: "Pues hay que convenir que no cabe prohibir la expresión de opiniones subjetivas sobre acontecimientos históricos o de actualidad, máxime ante la convenida decadencia de la denominada clase política. Es más, la delegada del gobierno tomó conocimiento y no prohibió la convocatoria".

Durante el escrito, el magistrado también hace referencias a la actuación de la brigada provincial de Madrid en los que critica el operativo policial para identificar a los promotores del 25S. Asimismo critica la ampliación del atestado contra los detenidos en la manifestación y dice que estos dependen exclusivamente del Juzgado de Instrucción de Madrid. "De ninguna forma la unidad policial puede sustraer unos hechos concretos imputados en un juzgado para que otro los conozca, pues constituye claramente un exceso de las funciones de la policía judicial".

Interrogatorios

Por la mañana ha estado interrogando a siete de los ocho imputados por, presuntamente, haber alterado el orden de las sesiones de la Cámara Baja durante las concentraciones del pasado 25 de septiembre frente al Congreso. El octavo, un jornalero andaluz llamado Antonio López, ha presentado un escrito alegando "objeción de conciencia" para no declarar, tal y como ha relatado a los periodistas.

Acompañando a los imputados se encontraban alrededor de doscientas personas frente a la sede temporal de la Audiencia Nacional, en la calle Prim. De hecho, para perturbar lo menos posible se ha acordonado la zona.

El titular del juzgado de instrucción número uno de la Audiencia Nacional imputaba a estas ocho personas un delito tipificado en el artículo 494 del Código Penal que se refiere a "los que promuevan, dirijan o presidan manifestaciones u otra clase de reuniones ante las sedes del Congreso de los Diputados, del Senado o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma, cuando estén reunidos, alterando su normal funcionamiento". El juez ya ha revisado el diario de sesiones del pleno celebrado el día de la manifestación en el Congreso de los Diputados, a través de su página web oficial, para comprobar si la convocatoria "Rodea el Congreso" alteró el orden normal del pleno al que asistían ese día los diputados, han informado fuentes jurídicas.

Pedraz ha interrogado a estos siete acusados sin que todavía se haya pronunciado sobre el auto de inhibición del juzgado de instrucción número 8 de Madrid, que el pasado lunes devolvió a la Audiencia Nacional la causa sobre los 34 detenidos el 25S por los incidentes registrados en la manifestación, al entender que podían haber incurrido en un delito contra las altas instituciones del Estado. Coincidiendo con la declaración de las ocho personas a las que Pedraz ha citado, la coordinadora 25S ha convocado a los ciudadanos a acompañar a los imputados hasta la Audiencia Nacional.

El auto del juez Pedraz ha motivado las críticas del portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando, quien le ha advertido de que, aunque quiera ir de "pijo ácrata" es un magistrado y no puede hacer una "demagogia política" que ha calificado de "indecente"