Así es el 'billete climático' que inspira la nueva tarjeta única de transporte para España

La elección del nombre no anda descaminada si se tiene en cuenta el objetivo último de este tipo de medidas. Este no es otro que reducir el uso del coche particular y con ello la factura de emisiones contaminantes. El transporte, de hecho, es apuntado por varios informes como la causa de que la reducción de los gases de efecto invernadero haya sufrido un frenazo en 2024. En la actualidad, a este sector se le atribuye el 32,5% de las emisiones de GEI en España, según el Ministerio de Transición Ecológica (Miteco), y algo más del 90% de éste corresponde al que se realiza por carretera.

La mejora de la calidad del aire y la salud de la ciudadanía se sumaría así a otras ventajas atribuidas a este sistema, tales como aliviar el bolsillo de los ciudadanos y, más aún, simplificar el uso del transporte dentro y fuera de su lugar de residencia, sea cual sea el operador.

En Austria, pionera en la fórmula, el citado 'billete climático' cuesta ahora 98 euros al mes, alrededor de 70 para jóvenes y jubilados. Un precio elevado que, sin embargo, se puede ver compensado por la posibilidad de utilizar los trenes de Alta Velocidad que conectan las distintas regionales del país. De cualquier modo, incluye flexibilidad para incluir más o menos destinos de larga distancia en el bono.

En Alemania, el segundo país donde se implantó esta tarjeta de transporte única, no se incluyen los traslados en Alta Velocidad. Permite el uso ilimitado del transporte público regional y local en todo el país, pero excluye diversos servicios de larga distancia y operadores privados de tren. Su tarifa mensual, eso sí, es sensiblemente menor que la del país pionero: 58 euros mensuales.

La idea inicial, ya que está por definir la propuesta del ministerio, es que en España no se incluya el AVE, pero sí trenes de cercanías y media distancia. Crisinta Arjona, responsable de la citada campaña de Greenpeace, apunta que este será el punto en el que desde su organización comenzarán a trabajar ahora. «Celebramos la iniciativa del Gobierno y, sobre la posibilidad de incluir la Alta Velocidad, comenzaremos a estudiar de qué forma se pueden ofrecer ventajas a usuarios recurrentes de AVE que también lo sean de la tarjeta única, por ejemplo, para ofrecer bonos más atractivos que los existentes en la actualidad», explica.

La idea es que la intermodalidad reste pasajeros al coche privado. En Austria, el trasvase de uno a otro medio de transporte fue inicialmente del 6,8%. Según el diario Der Standard, 272.000 personas poseen un billete climático (el 3% de la población). En una encuesta realizada sobre el nuevo servicio, un 23% de los usuarios dijo que su comportamiento en materia de movilidad había cambiado mucho y un 2% era usuario nuevo del transporte público, que nunca había utilizado antes. Un 20% de los viajes realizados con este billete hubiesen sido realizados con el coche privado, finalizaba el estudio.

En Alemania, la Asociación de Empresas de Transporte del País realizó una encuesta similar y la conclusión fue que un 10% de los trayectos realizados en el medio público habrían sido hechos en coche particular de no haber existido la tarjeta única. También fueron calculadas las emisiones evitadas: 1,8 millones de toneladas de CO2.

¿Funcionaría en España? El aumento de viajeros del trasporte público tras la rebaja en el precio de los abonos en los últimos años podría dar una pista. Según los datos del ministerio de Transporte, en 2023, el número de viajeros que utilizaron el transporte público en el país superó los 5.100 millones, lo que representa un incremento del 18,2% respecto al año anterior.

Las ventajas para la ciudadanía no se discuten, pero la financiación de estas alternativas es lo que siempre pone entre las cuerdas a este tipo de medidas. Desde el ministerio se ha difundido en varias ocasiones -también lo dijo Puente en su comparecencia- la idea de que la subvención de los abonos transporte para rebajar su precio no es lo que más le gusta, ya que ve prioritario mejorar el servicio.

Así, como a partir de julio de 2025 se acaban estas subvenciones, se trataría de reconducir la partida, que el año pasado supuso 1,6 millones de euros, a otros destinos, entre los podría encontrarse esta tarjeta única. En los países europeos donde se ha implantado, la financiación es compartida entre las distintas administraciones implicadas (autonómicas, locales y estatales). Un modelo que, de facto, ya se ha aplicado en las subvenciones a los abonos.

Desde Greenpeace planetan varias vías de financiación alternativas a las arcas del estado, entre ellas el impuesto al queroseno, el principal combustible empleado en la aviación y «el único que no se grava con impuestos», puntualiza Aroja, quien apela a un estudio de la asociación Transport & Environment que calculó que España deja de ingresar 5.000 millones de euros por carecer de una tasa de estas características.

La propuesta no está alejada de las políticas que se plantean en la Unión Europea, cuyos miembros ahora están debatiendo precisamente este punto en sus posibles acciones medioambientales de futuro. «También se podría gravar los viajes en jets privados o yates de lujo», concluye la responsable de la campaña de Greenpeace, para procurar un reparto más justo y sostenible de los recursos.