Maternidad

Qué es la gestación subrogada y cuál es su situación actual en España

Maternidad subrogada, alquiler de útero, vientres de alquiler, madres suplentes... Son conceptos que se han incorporado con fuerza al vocabulario habitual de la sociedad y que durante los últimos años han acaparado parte del debate público. Todos los términos hacen referencia a la gestación subrogada o por sustitución, el proceso de reproducción en el que la mujer que mantiene el embarazo y da a luz al bebé no será finalmente la madre del mismo. Accede a gestar el bebé de otra persona o pareja y, después del parto, el recién nacido es entregado a otra familia -monoparental, heterosexual u homosexual-. Previamente, suele haberse firmado un contrato entre ambas partes en el que la gestante renuncia al derecho de la maternidad.

Es un método de reproducción asistida que genera mucha controversia en la sociedad. Se trata de un proceso complejo y delicado, especialmente desde el punto de vista ético y emocional, ya que rompe con los patrones tradicionales de la manera de crear una familia.

Muchos rostros conocidos de nuestro país han sido padres por gestación subrogada, es decir, contratando a una desconocida para llevar a cabo el desarrollo de su embrión. Cristiano Ronaldo, la coleccionista de arte Carmen Cervera, los cantantes Miguel Bosé, Ricky Martin, el televisivo 'Torito', los actores Fernando Tejero, Javier Cámara, Roberto Enríquez, el empresario Kike Sarasola y recientemente Ana Obregón, son algunos de los nombres que engrosan la lista de famosos que han cumplido su deseo de paternidad o maternidad mediante un procedimiento que en España no es legal, pero tampoco ilegal.

En España es una práctica prohibida por la Ley 14/2006. Se castiga con penas de prisión de uno a cinco años y de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de la patria potestad y tutela por tiempo de cuatro a diez años.

Sin embargo, esto no impide que muchas personas o parejas que residen en territorio nacional tengan hijos mediante la gestación subrogada. En 2010 se abrió una especie de puerta trasera que ha permitido a varios miles de españoles legalizar la filiación de los hijos nacidos por gestación subrogada en otros países. Se trata de una instrucción de la Dirección General de Registros y Notariado que permite la inscripción de estos niños en el Registro Civil como hijos siempre que uno de los padres sea español, que el alumbramiento se haya producido en un país en el que este procedimiento esté admitido por la ley y que exista una resolución judicial que tutele todo el proceso. Así, quienes quieren recurrir a esta posibilidad viajan a otro país en el que sí está permitida y hacen uso de esta fórmula. Aprovechan cierto vacío legal para tener descendencia en países donde esta posibilidad está normalizada para luego inscribir a sus hijos como propios en el Registro Civil del correspondiente consulado español.

Esta práctica, cada vez más común, se está asentando en España. Por ello, colectivos sociales y políticos consideran que es hora de que el debate acerca de la maternidad subrogada se ponga sobre la mesa. Incluso hay asociaciones que persigue su regulación jurídica. Sin embargo, la cuestión aún genera mucha controversia y las posturas no son unánimes ni en partidos políticos ni en colectivos sociales.

El asunto llegó al Congreso en el 2017. Ciudadanos presentó en verano de ese año una proposición de ley para legislar la gestación subrogada y regular en España esta práctica. El proyecto, presentado por Albert Rivera, planteaba que la mujer gestante fuera mayor de 25 años, hubiera sido madre de un hijo anteriormente, demostrase una renta mínima y solo pudiera someterse a este método en dos ocasiones. También establecía que los demandantes agotaran previamente otras vías para gestar un hijo antes de acudir a esta técnica de reproducción. La formación naranja se inspiró en el modelo altruista de Canadá, esto es, fijando una compensación económica para la mujer gestante que cubra los gastos derivados del embarazo, pero que no constituya «un sueldo». Solo nacionalistas catalanes y vascos vieron entonces con buenos ojos la idea. Los otros tres grandes partidos, PP, PSOE y Podemos, la consideraron una «mercantilización» del cuerpo femenino.

Precisamente ese mismo año en Portugal entró en vigor la ley que legalizó el acceso a esta práctica para las mujeres estériles. La norma del país vecino permite el acceso a los vientres de alquiler a las mujeres con problemas de infertilidad, que hayan nacido sin útero o con alguna lesión que les impida quedarse embarazadas.

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