El Gobierno fijará mínimos de calidad y funcionamiento para todos los centros de menores

Esta normativa estatal se elabora desde hace meses, pero, tras el asesinato de una educadora social a manos de tres menores en una vivienda tutelada de Badajoz, suceso que ha desvelado déficit de funcionamiento, el Ejecutivo considera de máxima urgencia elevar y mejorar los estándares mínimos de estos centros, por lo que va a tratar de que el Consejo de Ministros apruebe el citado reglamento antes de mes y medio, según indicaron fuentes gubernamentales.

El real decreto tienen como uno de sus objetivos fundamentales la desinstitucionalización, que desaparezcan paulatinamente los macrocentros y que sean sustituidos por lugares que se parezcan lo máximo posible en trato, ambiente y seguridad a un hogar, algo que hoy no ocurre en la mayoría de los casos.

Pero la ordenanza también fijará umbrales máximos de menores residentes, baremos básicos para la formación y las condiciones de trabajo y de funcionamiento y un número y composición mínimas de las plantillas. Según las directrices que ya adelantó este periódico, el articulado incluirá unas normas y criterios mínimos de calidad que condicionarán el emplazamiento de los centros, su estructura y equipamiento, el modelo de gestión, la organización y el número y tipos de personal.

Las condiciones que se establecen como mínimas estarán sujetas a controles e inspecciones obligadas por las autonomías en todos los puntos de acogida de menores, cuyos resultados se deberán comunicar siempre al Gobierno y darán lugar a las sanciones que se especifiquen en la normativa para los casos en que se detecten irregularidades o incumplimientos. Las obligaciones de inspección, control y denuncia también tratan de evitar nuevos casos de explotación sexual de estos chicos y chicas como los destapados en los últimos años en varias comunidades.

La idea originaria es humanizar al máximo el funcionamiento de unos centros que deberían ser el último recurso y la excepción (la norma tendría que ser el acogimiento familiar), pero en los que viven casi la mitad de los aproximadamente 50.000 menores tutelados por los poderes públicos porque el proceso de desinstitucionalización no avanza o lo hace con extrema lentitud. Tres de cada cuatro chicos que las autoridades toman bajo su protección ingresan directamente en una residencia y la mitad de las bajas que anualmente se producen en estos centros no se debe a la salida por un acogimiento familiar sino a que al interno que ha pasado allí su infancia y juventud alcanza la mayoría de edad.

La intención es que el decreto obligue a que los centros de menores de todas las autonomías sean de tamaño reducido y funcionen como espacios amigables y libres de violencia, con una atención cercana y personalizada. El texto exigirá un cuidado de calidad con un entorno «familiar, hogareño y acogedor» que deberá facilitar la conexión del menor con la familia, las amistades y el entorno social y escolar y que, en definitiva, debe ser lo más similar posible al de los chicos que crecen dentro de un núcleo familiar.

La estructura estará orientada a favorecer que pasen el mínimo tiempo posible en la residencia hasta lograr un acogimiento familiar, con pautas mínimas y comunes para el ingreso y la salida del centro y con un proyecto socioeducativo individual que regirá el tiempo de estancia y que deberá ofrecer un acompañamiento en la transición a la vida adulta si es preciso.

El decreto fijará criterios básicos para garantizar su bienestar y pondrá las bases para cumplir con el objetivo de que la media de plazas en estos centros no supere las 15 y que para 2030 no haya áreas residenciales (salvo las de primera acogida) de más de 30 plazas, bien porque se hayan reconvertido en centros de protección con hogares independientes o porque hayan sido cerrados. Los criterios también tienen que contribuir a otra de las metas pactadas por Gobierno y autonomías como es que al final de esta década en España cualquier menor protegido de menos de diez años se críe con una familia de acogida.

La norma busca cumplir con una serie de recomendaciones realizadas a España por organismos internacionales como la ONU o el Consejo de Europa y con las directrices sobre este particular marcadas por la Unión Europea. Todos estos organismos urgen a que se acelere al máximo el proceso de desinstitucionalización de los menores protegidos, dando cumplimiento real a que las residencias son el último recurso, y piden normas nacionales de calidad mínima en todos los centros y de igualdad de derechos en el acceso a la protección pública de los menores, sin que los chicos puedan sufrir déficit o discriminaciones por la autonomía en la que están.