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Lunes, 16 de julio 2018, 11:03
Cuando India legalizó la gestación subrogada en 2002 se convirtió en el destino preferido de miles de parejas infértiles de todo el mundo, especialmente de Norteamérica. La doctora Nayna Patel, promotora de una de las mayores clínicas en Anand (Gujarat), se defendía de quienes la acusaban de dirigir una 'granja' de mujeres pobres: «Se les está pagando por hacer un trabajo físico». Ella cobraba 20.000 euros por niño y las embarazadas, unos 5.000, el sueldo de 5 años de trabajo en India. Con ese dinero podían comprar o acondicionar su casa, adquirir un coche o asegurar una buena educación para sus hijos. En 2016 el Parlamento aprobó restringir la subrogación a parejas heterosexuales indias.
Los estados mexicanos de Tabasco y Sinaloa han seguido un camino parecido. La organización GIRE, partidaria de una regulación que ampare los derechos de todas las partes, recogió en un informe varios casos de abusos. Como el de Laura: dio a luz a un niño enfermo y los padres intencionales, de California, se desentendieron de él; ella lo cuidó, pero a los dos años aparecieron y se llevaron al pequeño. O el del español José y su marido, que tardaron siete meses en sacar del país a su bebé porque la administración se negaba a emitir su pasaporte.
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