El juez ordena investigar si el sobrino de un diputado tuvo acceso a un examen

El juzgado de instrucción número 2 de Badajoz ha acordado incoar diligencias previas en relación con un presunto delito de infidelidad en la custodia de un documento por parte de alguno de los funcionarios que tuvieron acceso a un examen de la Diputación de Badajoz en el que obtuvo una puntuación de 10 el sobrino del diputado provincial de Agricultura.

El auto conocido ayer fue firmado el 9 de octubre por el juez Emilio García Cancho y dice textualmente que «no estando determinadas la naturaleza y circunstancia de tales hechos y las personas que en ellos han intervenido, es procedente (...) instruir diligencias previas».

De este modo, el juzgado da curso a la denuncia presentada por Manuel Díaz Jiménez, el joven que el marzo pasado obtuvo la segunda puntuación en el examen convocado por la Diputación de Badajoz para cubrir un puesto de capataz agrícola mediante un contrato temporal en interinidad.

El auto del juez ha tenido en cuenta la denuncia formulada por Pedro del Pino, abogado del denunciante, quien puso en conocimiento del juzgado que las irregularidades comenzaron cuando se explicó a los trece aspirantes que el examen iba a ser oral. Esa circunstancia fue denunciada automáticamente por los observadores sindicales por entender no quedaría constancia de las respuestas y que sería imposible reclamar, lo que obligó a modificar la metodología de la prueba y a hacerla por escrito.

La sorpresa llegó cuando se hicieron públicas las notas: once personas habían suspendido; Manuel Díaz había obtenido un 5,5; y el decimotercer aspirante había pasado la prueba con «la escandalosa nota de 10». La nota extrañó, pero más revuelo causó que el aspirante que había obtenido el 10 fuera sobrino de Juan Moreno, el diputado provincial de Agricultura de la Diputación, responsable del área para la que se proveía ese puesto y alcalde de Arroyo de San Serván.

Conocidos los hechos, dos representantes del sindicato CSI-F se personaron el mismo día del examen en el despacho de la directora de Recursos Humanos de la Diputación para solicitarle que «custodiase convenientemente los ejercicios». Este mismo sindicato dio a conocer los hechos ante los medios de comunicación el día 29 de marzo y de forma automática la Diputación publicó una nota anunciando la suspensión del procedimiento. Luego fue firmado un decreto en el que se convocaba a todos los candidatos para la realización de una nueva prueba de selección, una decisión que se justificó diciendo que se reiniciaba el proceso por «la complejidad del examen y su posible falta de idoneidad para la selección del candidato para el puesto que se preveía proveer, así como el cambio de la metodología de la prueba, y el abandono de la misma por uno de los candidatos antes de que se hiciera pública la decisión».

Esas explicaciones no convencieron a Manuel Díaz y decidió iniciar unas acciones judiciales que han sido escuchadas. De momento, el juzgado de instrucción número 2 de Badajoz ha incoado diligencias previas y ya ha sido llamada a declarar la jefa del Servicio de Administración y Recursos Humanos de la Diputación de Badajoz, Begoña Arce. También se ha librado un oficio al área de Recursos Humanos y Régimen Interior de la Diputación con el objetivo de obtener nuevos datos.

«Existió delito»

Para Pedro del Pino, es claro que el delito existió. «Puesto que el proceso selectivo había sido realizado sin temario, era imposible que un aspirante pudiera responder a 20 preguntas de forma exactamente igual a las respuestas consignadas en la plantilla de corrección confeccionada por la Diputación de Badajoz. Y es que dicha literalidad no sólo alcanzaba a las palabras utilizadas, sino también a la construcción sintáctica o lógica de las respuestas».

De momento, la Diputación de Badajoz no ha valorado el auto dictado por el juez.