La refinería o el cuento de nunca acabar

HACE cinco años que el empresario Alfonso Gallardo inició los trámites para la construcción de una refinería en un paraje de Los Santos de Maimona. Cinco años después, nada se sabe del proyecto, que sigue a remojo en los pantanales de la Administración. Uno no entiende nada de refinerías ni de complejos petroquímicos. Lo mismo que le ocurrirá a la inmensa mayoría de los extremeños y aun de los españoles. Pero no hace falta saber mucho para comprender la complejidad del asunto. Primero por el proyecto en sí: una terminal de desembarco de petróleo en el Puerto de Huelva, un oleoducto hasta la ubicación del complejo, la propia refinería. Lego en la materia, como digo, cabe suponer que la Administración, el Gobierno, habrá de analizar el proyecto desde el punto de vista estratégico, sobre la necesidad o no para el abastecimiento de combustible; desde el punto de vista técnico, dada la complejidad de una industria de esta naturaleza; desde el punto de vista medioambiental, tan sensible y hoy exigente cuando andan por medio el petróleo y sus derivados; desde el punto de vista económico, dado que se trata de una inversión milmillonaria, que no afectaría solamente a los promotores, sino a la economía general del país. Sigan ustedes poniendo aspectos a considerar.

Cuando el entonces presidente de la Junta, R. Ibarra, anunció la construcción de la refinería por Alfonso Gallardo -y tal vez ese fue el primer error- en estas mismas páginas se daba por sentado que habrían de seguirse todos los trámites legales y exigirse todas las garantías, al tiempo que se pedía la mayor transparencia posible. No era difícil imaginar, al margen de la decisión que adoptara la Administración, que gran parte de los extremeños verían con buenos ojos la implantación de una industria capaz de crear un millar de puestos de trabajo, en una región tan necesitada de ellos. Pero era igualmente previsible la oposición radical de algunos sectores.

Uno supone que nuestra Administración Central, tan nutrida de funcionarios, contará con personal técnico y equipos especializados para analizar cada uno de los puntos de vista antes enumerados y cuantos a ellos les parezca conveniente. Y hasta podrá solicitar estudios complementarios a gabinetes externos. Sin contar, faltaría más, con la documentación que ha exigido a los promotores. El problema surge cuando esta exigencia de documentación está pareciendo el cuento de nunca acabar. Porque cuando, en las postrimerías de 2010, la empresa presentaba los últimos informes exigidos sobre aspectos del impacto ambiental, dando por hecho que la resolución del Ministerio de Medio Ambiente sería inminente, otra vez en los primeros días de enero se requieren nuevos informes.

Alfonso Gallardo y su consejero delegado, Juan Sillero, cabezas visibles del proyecto, han sido exquisitos y prudentes a la hora de hablar -o más bien de callar- sobre la refinería. Pero su paciencia debe estar al borde del agotamiento, viendo que pasan los años, cinco desde que se iniciaran los trámites, y el proyecto sigue empantanado. Eso explicaría la nota hecha pública la semana pasada, urgiendo que la Administración -Ministerio de Medio Ambiente o Gobierno- decida y se pronuncie de una vez.

Cualquier decisión comporta siempre un riesgo, tanto mayor cuanto más importante y complejo es aquello sobre lo que se debe decidir. Pero para eso están los gobernantes y esa es su responsabilidad. Lo que no se puede hacer es dejar los asuntos en una especie de limbo, esperando que se pudran o se vuelvan completamente inviables. Semejante actuación sería una irresponsabilidad y hasta un engaño para los promotores, para las autoridades extremeñas que se han manifestado a favor del proyecto y para todos los extremeños que llevan años esperando como agua de mayo el establecimiento de una industria importante, en la que tal vez le pueda tocar la lotería de un puesto de trabajo. Y hasta para los que se oponen a ella, los que cada año acuden al acto oficial del Día de Extremadura para manifestarse con gritos y silbatos, a los que tan acostumbrados estamos después de tantos años que ya parecen parte del espectáculo.

Si nos referíamos más arriba a la complejidad del proyecto, alguno de cuyos aspectos -como el económico, tanto en lo referido al presupuesto como a la financiación- puede haberse complicado en el largo tiempo transcurrido, es justamente para buscar alguna explicación a tanta tardanza en la decisión. Pero todo tiene un límite. Y no les falta razón a quienes piensan que aquí ya se está sobrepasando, y más cuando tanto se ha hablado de agilizar los trámites para el establecimiento de nuevas empresas e industrias, de las que tan necesitados estamos en esta época de crisis y paro desbocado.

Uno tiene la impresión de que el Gobierno se encuentra, a la hora de decidir, enredado en una maraña de intereses contrapuestos: la complejidad del proyecto en sí, la expectativa ilusionada de Extremadura alentada por sus gobernantes, la oposición de determinados grupos en Extremadura y Huelva y la poca gracia -esto es una suposición- que seguramente le hará a las grandes empresas del sector la idea de Alfonso Gallardo. Y desconfía que este Gobierno, que no ha destacado por su fiabilidad, está utilizando la treta vieja y engañosa de dar largas y dejar correr el tiempo hasta que el proyecto se pudra. Pero alguien debiera exigir que dejen ya de marear la perdiz y digan sí o no de una vez. Así, cada uno sabrá dónde poner sus ilusiones y a qué dedicar su tiempo y su dinero en el futuro. Supongo que es lo que está queriendo gritar el Grupo Gallardo, aunque sea sin apenas abrir la boca.