El Consistorio estudia aplicar un ERE a 55 laborales indefinidos

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Mérida abre la puerta a la posibilidad de llevar a cabo un despido colectivo (mediante Expediente de Regulación de Empleo) para los trabajadores laborales indefinidos que se encuentran en fraude de ley por sucesión de contratos u otros motivos. Según la delegada de Personal, Leonor Nogales, en esta situación se encuentran 55 empleados municipales, aunque otras fuentes elevan su número al centenar.

La delegada de Personal, Leonor Nogales, asegura que está estudiando todas las posibilidades que ha incorporado el gobierno en su ley de reforma laboral para ver que situación le conviene más al ciudadano de Mérida para que se presten los mejores servicios y que nos cueste lo menos posible, para poder solventar la situación de quiebra económica que tenemos.

Por otra parte, Nogales, asegura que en CC.OO se ha producido ya un expediente de regulación de empleo (ERE). Si tan malo es, ¿por qué lo han hecho? Lo han hecho, porque lo tenían que hacer. Porque tenían una contratación que no podían mantener.

Me parece una falta de responsabilidad muy importante que se critiquen las medidas del gobierno y a la vez se estén aprovechando esas medidas para deshacerte de tus trabajadores, que es lo que ha hecho CC.OO.

El Gobierno local quiere poner freno al capítulo de gasto en personal, que pasó de 22 millones de euros en 2009 a 27 millones en 2010. Para ello, una de las medidas que se plantea llevar a cabo es un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para los laborales indefinidos contratados en fraude de ley, una medida que hasta ahora no podía afrontar pero que se permite tras la reciente reforma laboral.

En concreto, la reforma permite el despido por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción del personal laboral al servicio de las administraciones públicas. Para ello, bastaría con acreditar una situación de insuficiencia presupuestaria para la financiación de los servicios públicos durante tres trimestres consecutivos.

Leonor Nogales apuntó que este tipo de medidas dependerán del resultado de un informe que se está redactando para evaluar los costes en materia de personal «a todos los niveles», desde las nóminas a las bajas laborales. «Se está estudiando toda la situación».

Cuando se concluya ese informe se decidirán qué acciones llevar a cabo, siempre con el objetivo de «ahorrar en gasto pero manteniendo la calidad de los servicios». También recalcó que en otras administraciones públicas se ha planteado a los empleados en fraude de ley la posibilidad de trabajar a media jornada para reducir gastos.

La delegada recordó que uno de los objetivos del Gobierno local del PP es reducir los costes en materia de personal. En esa línea, desde que tomó posesión se acordó no renovar los contratos que llegaran a su fin, lo que permitió reducir el número de personas que cobran del Ayuntamiento de 1.169 en mayo de 2011 a 845 al cierre del ejercicio. Entre ellos se encuentran los más de 300 trabajadores contratados de forma temporal a finales de 2010 con cargo al Plan de Empleo Local.

Críticas de PSOE y CC. OO.

Ante estas declaraciones, el Grupo Municipal Socialista lamenta que «desde que llegó al Gobierno municipal, el PP viene criminalizando y convirtiendo en sospechosos a todo el personal del Ayuntamiento desprestigiándolos, sometiéndoles al escarnio y a la sospecha».

El PSOE apunta que la posibilidad de despedir a laborales fijos en fraude de ley, situación en la que estima que se encuentran unas cien personas, afectaría a empleados «que llevan decenas de años trabajando para el Ayuntamiento, que la mayoría de ellos entraron cuando gobernaba el PP, que desarrollan unas tareas necesarias para el normal desarrollo de la actividad municipal y que si ella hace referencia a unos 55 trabajadores deberá explicar qué criterios objetivos ha seguido para determinar quiénes son 'prescindibles' y quiénes no».

Por su parte, CC. OO. critica que, mientras se plantean estas medidas, «se están realizando contratos para ser utilizados como personal de confianza, sin oferta pública ni sistema de selección e incrementando las retribuciones de determinados puestos, ocupados en la actualidad por personas con relación familiar con algunos miembros del equipo de Gobierno».

El sindicato rechaza la medida y considera inadmisibles las declaraciones de la delegada de Personal «antes de una huelga general, puesto que entendemos que tienen como objetivo provocar el miedo y el desasosiego entre los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento de Mérida».