M. M.
Martes, 11 de septiembre 2012, 13:46
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Dos años y medio de cárcel, una multa de 6.750 euros y el pago de una indemnización de 12.000 euros a la víctima. Este es el resumen de la sentencia dictada el pasado día 3 por la Audiencia de Badajoz contra Ángel Vadillo, el alcalde socialista de Alburquerque.
Con este fallo, conocido ayer y del que ha sido ponente el magistrado Emilio Serrano, el tribunal eleva la condena que le fue impuesta el pasado marzo y que era de dos años de cárcel. El delito por el que el alcalde es condenado es el de obstrucción a la justicia en concurso con un delito de amenazas.
En el mensaje navideño de 2010 Ángel Vadillo amenazó repetidamente a una vecina del pueblo, Antonia Matador, que había recurrido contra la construcción de una vivienda que le quitaba la vista a la suya y que, a su juicio, incumplía la normativa urbanística del pueblo. Según se declaró probado en la primera sentencia, el alcalde hizo públicas sus amenazas a Antonia Matador en la radio y la televisión de Alburquerque y las repitió hasta cinco veces.
Dijo que daría a conocer al pueblo datos de la vida privada de Antonia y de una antigua relación sentimental con una persona ya fallecida si no «corregía su conducta» y le pedía disculpas a él. El regidor le dio quince días de plazo a Matador para que cambiar su actitud so pena de desvelar esas relaciones íntimas.
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La juez que sentenció el caso concluyó que Vadillo organizó una «campaña de linchamiento» contra la mujer. Seguidores del alcalde la insultaban por la calle. Estos ataques provocaron a Antonia Matador crisis de ansiedad que exigieron tratamiento médico y la obligaron a trasladarse a vivir a Bilbao por el rechazo vecinal padecido.
Ir a la cárcel o no
Tanto el alcalde como el fiscal y la acusación particular no quedaron satisfechos con ese primer fallo y recurrieron la sentencia condenatoria ante la Audiencia Provincial. Vadillo pedía la absolución y el fiscal una condena más alta. Ahora, la Audiencia desestima el recurso del alcalde y estima el del fiscal. Éste argumentaba que el Código Penal establece condenas más duras para ese tipo de conductas que la que le impuso la juez que le juzgó en primera instancia.
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El aumento de la pena es importante porque está en juego el ingresar o no en prisión. En España los penados con hasta dos años de cárcel no deben entrar en ella si no tienen una condena anterior. Sin embargo, si se superan los dos años y la sentencia es firme, como ocurre en el caso de Vadillo, el ingreso en prisión es obligado. La Audiencia señala en la sentencia que la pena de dos años y medio es la mínima legalmente prevista. «Todo ello sin perjuicio de que la parte condenada pueda instar las medidas de gracia que legalmente le asistan», añade la sentencia.
En el fallo, muy documentado y con abundante jurisprudencia para respaldarlo, el tribunal rechaza uno tras otros los razonamientos del recurso de Ángel Vadillo y concluye que el testimonio de la vecina denunciante tiene credibilidad y verosimilitud. También descarta que su denuncia formara parte de una trama política, como argumentó el alcalde en su defensa.
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«Se le fue de las manos»
«Posiblemente el tema se le fue de las manos y no supo gestionarlo con mesura y prudencia -explica el tribunal-, pero lo cierto es que cometió un ilícito penal, al servicio del cual puso todos los medios propios de su condición de alcalde frente a una ciudadana particular que cuidaba ancianos, había sido en su juventud limpiadora de un centro de salud. Se desconoce qué poder político real, no supuesto, podía tener en la localidad de Alburquerque frente al alcalde». La Audiencia también rechaza que la conducta de Vadillo pueda estar amparada en el derecho a la libertad de expresión y resalta que no existe el «derecho al insulto». Considera que cometió el delito accediendo a los medios de titularidad municipal y prevaliéndose de su cargo de alcalde. Esta sentencia no puede ser recurrida.
Ángel Vadillo ha mantenido una huelga de hambre durante tres meses ante el Ministerio de Industria para reclamar que se continúe con la prima a las renovables. El pasado domingo anunció que abandonaba la protesta, aunque no la reivindicación de que el Gobierno español apoye una energía que considera esencial para su pueblo, que tenía varios proyectos por construir.
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