Los inspectores de Hacienda denuncian que la ley antifraude tiene «agujeros»

La nueva ley antifraude, que acaba de entrar en vigor tras su aprobación en el Congreso de los Diputados, es «limitada» y deja «infinidad de agujeros por donde el fraude campa a sus anchas». Así de contundente es la valoración que la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) hace de la norma estrella elaborada por el Ministerio de Hacienda para combatir la evasión fiscal y el uso de dinero negro. En su análisis, los profesionales de la administración tributaria denuncian también las carencias normativas y de medios humanos y materiales que imposibilitan una lucha efectiva contra la economía sumergida.

Los inspectores consideran que la norma da algunos «pasos en la dirección correcta». Pero, a renglón seguido, enumeran una serie de aspectos cuya regulación consideran desacertada. La más llamativa de las iniciativas contenidas en la ley, la decisión de fijar en 2.500 euros el límite legal para los pagos en efectivo, podría haber dejado abierto un nicho importante para las prácticas fraudulentas, según la evaluación que realizan estos expertos.

IHE cree que dicha limitación a los pagos, que afecta a las compraventas realizadas entre particulares y empresas, debería de haberse extendido también a las transacciones entre dos particulares. No haberlo hecho, señala esta organización, permitirá que puedan realizarse desembolsos en metálico por importes muy elevados, por ejemplo, en las compraventas de inmuebles entre particulares. Los inspectores subrayan que los pagos en efectivo, al no dejar huella que permita su posterior rastreo, «facilitan la comisión de infracciones y delitos fiscales».

La asociación de inspectores de Hacienda cree que el Gobierno debería haber combinado la entrada en vigor de esta nueva ley con una revisión de otras normas, sobre todo en el ámbito mercantil, encaminadas a dotar de una mayor transparencia a la estructura de financiación de las empresas. Se trataría, detalla, de reformas que permitiesen «poner coto a testaferros, estructuras empresariales ficticias y demás medios fraudulentos construidos con carácter previo a la propia defraudación fiscal y, en ocasiones, con ese único fin».

Pero no todo son quejas por parte de los inspectores. Frente a esas carencias, IHE celebra los avances en el control de la tributación vinculada al IVA, el principal impuesto que grava el consumo, y que identifican como el generador del «mayor índice de fraude » al fisco. La asociación alerta de que «son muchas» las vías que permiten la evasión mediante este tributo, desde la emisión de facturas falsas hasta las tramas de empresas interpuestas a nivel comunitario, así como las operaciones inmobiliarias.

Modificaciones

Por ello, los inspectores valoran algunas novedades como las que permitirán exigir responsabilidades a los administradores de empresas que no velen para que las sociedades que administran paguen sus deudas al fisco, o las modificaciones introducidas en los concursos de acreedores, al objeto de evitar que puedan ser «financiados» mediante el dinero correspondiente a las devoluciones de IVA.

Estos expertos demandan una estrategia global contra el fraude , que requeriría acompañar la normativa específica con reformas del Código Penal «para que los delitos económicos sean eficazmente perseguidos y duramente penados». El objetivo, señalan, debe ser alcanzar una normativa global disuasoria frente a esas «graves conductas».

La organización se queja de la tardanza en la aprobación de la ley, que acaba de entrar en vigor pese a que su anteproyecto fue aprobado en abril. «Si la medida era urgente, se podría haber utilizado la figura del decreto ley, como se ha hecho para otro tipo de cuestiones», subraya. También pide un amplio consenso parlamentario en torno a estas cuestiones porque, en medio de la actual crisis, «la lucha contra el fraude fiscal es una cuestión vital para España, por lo que no debería de haber diferencias ideológicas».