PILAR ARMERO
Martes, 18 de diciembre 2012, 01:29
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Un total de 106 ayuntamientos de la región van a recibir el dinero que la Junta de Extremadura destina al mantenimiento de plazas para la tercera edad en centros de atención diurna. Se trata de 1.042.225,43 euros que llegan con retraso respecto a años anteriores y que corresponden a las ayudas de este 2012 que está a punto de terminar. Aún así suponen un alivio para muchos pueblos, sobre todo los más pequeños, en los que este servicio se estaba manteniendo a duras penas con fórmulas como subir la cuota a los usuarios que así lo aceptaron para evitar tener que echar el cierre.
La medida ha sido bien recibida en pueblos como Ruecas, San Pedro y Valverde de Mérida o Guijo de Santa Bárbara, que habían anunciado que si las ayudas no se hacían efectivas antes de que terminara el año no aseguraban poder seguir funcionando el que viene por no contar con suficientes recursos propios para hacerlo.
«El problema se planteaba principalmente a los pueblos de menor tamaño que tienen unos recursos muy limitados y que no podían materialmente continuar soportando esta situación», señaló el diputado del PSOE, Carlos Labrador, que hace apenas unos días reclamaba urgencia en el reparto de esta subvención.
El Ayuntamiento de la localidad cacereña de Guijo de Santa Bárbara era uno de los que presentaban una peor situación. De hecho se estaba manteniendo con una aportación de las arcas municipales y las cuotas que se habían subido a los usuarios que accedieron a que así fuera para evitar el cerrojazo. Otros que no pudieron asumir el nuevo coste dejaron incluso de utilizarlo. El retraso en las subvenciones obligó a dejar de prestar ayuda a domicilio el pasado mes de marzo y a cerrar el centro de día los fines de semana desde abril, además de que se tuvo que prescindir de un trabajador, según indicó el alcalde de la localidad, Francisco Bernardo, que desde entonces veía peligrar el futuro de este servicio.
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El retraso en la recepción de la subvención también tiene en la cuerda floja los pisos tutelados de Casas del Castañar, en el Valle del Jerte. Al menos esa es la respuesta que reciben sus 13 trabajadores, que llevan sin cobrar desde el pasado mes de septiembre. La situación ha sido denunciada por familiares de usuarios y por los propios empleados, que aseguran que se les adeudan las nóminas de los últimos cuatro meses y que la de agosto se les pagó hace tan solo una semana.
«No podemos continuar trabajando sin cobrar, atendiendo a 40 ancianos durante todo el día y la noche sin tener siquiera el control de una supervisora, ya que lleva dos meses sin acudir porque también han dejado de pagarla», cuentan los afectados, que están dispuestos a llevar la situación ante la Justicia si no se satisface la deuda en unas semanas.
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