El presidente, cuatro ministros y 58 diputados, denunciados por cobrar la dieta de alojamiento

Un grupo del movimiento del 15M presentó ayer una querella en el Tribunal Supremo contra el presidente del Gobierno, cuatro ministros y 58 diputados nacionales, la mayoría del PP y PSOE, a los que acusa de malversación y apropiación indebida por cobrar la dieta de alojamiento y manutención pese a tener una o varias casas en Madrid. La querella, dirigida a la Sala de lo Penal, competente para investigar a los aforados, señala que los denunciados reciben 1.823,26 euros mensuales para sus gastos por ser diputados de circunscripciones distintas a Madrid.

Se trata de una cantidad dedicada a cubrir gastos y por ello exenta de tributación, según un acuerdo de la Mesa del Congreso de noviembre de 2006. Este sobresueldo es independiente de la retribución mensual de los parlamentarios, 2.813,87 euros, y casi el doble de los 870 euros extra que reciben los diputados por Madrid para sufragar los gastos que origine su actividad en la Cámara baja.

La querella presentada por la Asociación Democracia Real Ya denuncia la «actuación ilícita» de los acusados por cobrar la retribución pese a tener viviendas en Madrid. En concreto, cada parlamentario habría retenido de forma irregular en su patrimonio 952,8 euros mensuales pese a tener la obligación de devolverlos, asegura el escrito.

Listado

Hay 41 diputados del PP denunciados, entre ellos Rajoy y los ministros Cristóbal Montoro, Fátima Báñez, Jorge Fernández Díaz y Ana Pastor; 20 del PSOE, entre otros los exministros José Blanco, Ramón Jáuregui y Antonio Camacho y dirigentes como Eduardo Madina; una de CIU y otra de Coalición Canaria.

El caso de Rajoy es paradigmático, ya que su alojamiento y manutención en el Palacio de la Moncloa van a cargo de los Presupuestos Generales del Estado, pero también cobra los 870 euros mensuales como cargo electo por Madrid, donde fue el número uno de su listas en las últimas elecciones.

La querella ve en esta actuación indicios de malversación y apropiación indebida, penada con multa y suspensión de empleo, y recuerda que los acusados tiene diez días desde la incoación del proceso para devolver el dinero, que en los casos extremos podría alcanzar los 69.000 euros si los diputados llevan en el puesto desde que entró en vigor, el 1 de enero de 2007.

Asimismo, los querellantes reclaman el interrogatorio de los denunciados y la prestación de una fianza para cubrir las posibles responsabilidades pecuniarias.