ANA B. HERNÁNDEZ
Jueves, 14 de febrero 2013, 01:28
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«No nos planteamos otro camino que el de cumplir la ley». Lo dijo hace casi un año el concejal de Urbanismo, José Antonio Hernández. Es el motivo por el que el Ayuntamiento de Plasencia ha denunciado ante la Fiscalía a los promotores de 27 viviendas ilegales. «Son las denuncias que hemos presentado desde que llegamos al Ayuntamiento y continuaremos trabajando en la misma línea», garantizó ayer Hernández.
Al respecto el edil popular matizó que entre las viviendas denunciadas se encuentran todas las levantadas en la zona de la Vinosilla, así como algunas construcciones de Santa Bárbara, El Espartal y San Lázaro. «El motivo por el que se ha decidido denunciar estos casos siempre es el mismo; se trata de casas que se construyen en suelo no urbanizable y sin licencia», explicó el concejal de Urbanismo.
También agregó ayer que le consta que los expedientes siguen su curso en Fiscalía y que se están instruyendo, aunque hasta la fecha no hay sentencia para ninguno de ellos. Será el último paso, en cualquier caso, de un proceso que se pone en marcha con la declaración de la ilegalidad de la construcción de turno y la emisión de la orden de demolición. «Es el dueño en este caso el que tiene que derruir lo levantado, pero no lo hace y es entonces cuando el Ayuntamiento precinta la obra y presenta la denuncia en Fiscalía», detalló José Antonio Hernández.
Sin embargo, y a pesar de que se trata de construcciones levantadas en suelo no urbanizable y sin licencia, es posible que muchas de ellas no se derriben. Porque la documentación que está demandando el juzgado al Ayuntamiento para instruir las denuncias planteadas es la referente tanto al planeamiento en vigor como al nuevo Plan General Municipal, que está previsto que se apruebe en esta legislatura y que ofrece una solución para la legalización de las viviendas ilegales.
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No en vano, Hernández ha puesto de manifiesto que las construcciones de la Vinosilla denunciadas ante la Fiscalía pueden suponer, de hecho, un modelo a seguir para la futura legalización de algunas construcciones levantadas en suelo no urbanizable y sin licencia.
La alegación conjunta presentada por la totalidad de los propietarios de las casas ilegales levantadas en la zona de la Vinosilla junto a la N-110 (entre la entrada a la Chopera y el club social deportivo) con la finalidad de lograr su legalización fue puesta por el concejal de Urbanismo como posible alternativa extensible a otras zonas con problemas de viviendas ilegales. Es el caso de la sierra de Santa Bárbara, Espartal, San Lázaro o Valdeolivos. Según explicó entonces el edil, se trata de una alegación muy pormenorizada que puede servir de modelo y referencia porque tiende a flexibilizar y a bajar las condiciones para hacer factible y viable que los que quieran acogerse a este sistema puedan hacerlo.
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Cabe recordar que la federación de la construcción Pymecon pidió al PP en su alegación al PGM que bajara la superficie mínima y advirtió al Gobierno local de que las condiciones para legalizar núcleos de viviendas aisladas en Santa Bárbara le parecían «irreales y con unas condiciones técnicas impuestas, directamente imposibles». La patronal de la construcción propuso como fórmula «plantear simplemente un mínimo de hectáreas a legalizar o urbanizar (sin entrar en número de propietarios o porcentajes de viviendas)» y sugirió la cifra de unas cuatro hectáreas.
En esa línea, el concejal de Urbanismo reconoció que «se van a mejorar las condiciones» y que la legalización de viviendas será mucho más fácil ahora, pero dependerá «de una actuación de conjunto de los propietarios».
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Se trata de crear, añadió, un marco de legalización a través de esa figura de zonas conjuntas de propietarios que asuman los costes de urbanización. Aunque también dijo que no se van a paralizar las denuncias ante la Fiscalía por construcciones ilegales y en ello sigue el Ayuntamiento.
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