Dudas también para el gas

La caída de la demanda y las modificaciones normativas del sector eléctrico ponen contra las cuerdas a los proyectos de construcción de centrales térmicas de ciclo combinado en Extremadura, las que generan electricidad a partir de gas. Basta decir que hace una década llegó a haber seis empresas interesadas en poner en marcha plantas con inversiones millonarias en el entorno de Mérida. En la actualidad sólo hay dos que siguen adelante. Una de ellas, Iberdrola, tiene caducado el permiso ambiental; y la otra, Mérida Power, espera conseguir la autorización administrativa. Pero el panorama es poco alentador y, aunque obtuviera el visto bueno, no está garantizada la ejecución.

El Gobierno aprobó a mediados del pasado mes de julio la reforma energética, con la que pretende equilibrar el déficit del sistema, que se estima llegará a 4.500 millones de euros este año. Para ello, se prevé recortar costes por importe de 2.700 millones, a lo que se sumarán 900 millones a través de los Presupuestos del Estado y otros 900 millones que saldrán directamente del bolsillo de los consumidores.

Una de las medidas incluidas en la reforma es la posibilidad de cierre temporal de instalaciones, lo que se conoce como hibernación, siempre y cuando no afecten a la garantía de seguridad del suministro. En este grupo entran las centrales de ciclo combinado, para las que se plantea una clausura de un año. Sin embargo, las compañías eléctricas (agrupadas en la patronal Unesa) piden que el plazo se amplíe hasta cuatro años e incluso que se cierren por completo, como está ocurriendo en otros países europeos.

Esta propuesta demuestra que las centrales térmicas no son rentables. El Ministerio de Industria ha reducido la aportación por su disposición para entrar en red (sólo funcionan cuando se necesita más energía), algo que cada vez se produce menos ante la caída del consumo eléctrico. Además, tienen prioridad para volcar electricidad las nucleares, las renovables y, desde hace un año, las plantas que utilizan carbón nacional. En conclusión, las instalaciones de ciclo combinado sólo funcionan un 15% o un 20% de las horas en el mejor de los casos.

Esto, unido a otras medidas, como la subida de impuestos a la generación de electricidad, hace que estas centrales sean poco o nada rentables. Y, si se plantea el cierre de las que están en funcionamiento, no tiene sentido abrir nuevas plantas.

En Extremadura hay un proyecto que está pendiente del último permiso para poder iniciar la ejecución de las obras. Se trata de la central que Mérida Power, consorcio creado por las empresas Advanced Power y Siemens, quiere levantar en el término municipal de Valverde de Mérida, a unos quince kilómetros de la capital autonómica. Su objetivo es construir una térmica de 1.100 megavatios, que funcionaría con gas natural como combustible. El presupuesto ronda los 300 millones de euros.

Mérida Power recibió en octubre del pasado año la autorización ambiental integrada, un permiso que concede la administración regional y que pone fin a todos los requisitos ambientales. Este documento recoge que la empresa dispone de un plazo de seis años para ejecutar las obras, con posibilidad de un año de prórroga. Tras conseguir este permiso, sólo hace falta la autorización administrativa que concede Industria. Fuentes de la compañía señalan que aún están a la espera de esta resolución y que el proyecto sigue adelante. Por su parte, el ministerio no ofrece información sobre expedientes concretos.

Sin embargo, lo cierto es que ninguna de las dos partes está interesada en agilizar los trámites. La preocupación del Ministerio de Industria es reordenar y reducir el sector, no ampliarlo. Y para la empresa también es positivo el retraso, ya que no es el mejor momento para afrontar una inversión tan elevada y que ahora no es tan rentable como hace unos años, cuando la demanda de energía eléctrica iba al alza. De hecho, cuando se conceda el permiso administrativo será el momento de analizar todas estas cuestiones y tomar una decisión sobre la viabilidad del proyecto.

De seis proyectos a uno

Mientras se toma una decisión, el tiempo (ya ha pasado un año desde que se concedió el permiso) y los cambios normativos juegan en contra del proyecto. Tanto que, aunque no se puede afirmar que no se llevará a cabo, en la actualidad todo apunta a que correrá la misma suerte que el resto de iniciativas similares que surgieron en la zona.

La primera en plantear su idea fue International Power a principios del 2003, cuando dio a conocer un proyecto de central térmica en el término municipal de Mérida. Después llegaron las propuestas de Iberdrola e Hidrocantábrico (ambas en el municipio de Alange), la compañía suiza EGL (en el término de La Zarza), Endesa (también en la capital autonómica) y, por último, Mérida Power en Valverde de Mérida.

Fianza

Por distintos motivos, sólo tres compañías, EGL, Iberdrola y Mérida Power, siguieron adelante con los trámites y abonaron la fianza que exige el Gobierno, que asciende al 2% de la inversión prevista. Es decir, más de cuatro millones en cada caso.

Iberdrola recibió el visto bueno de la Junta de Extremadura en noviembre de 2010, pero se puso como requisito que las obras empezaran en un plazo de un año, por lo que el permiso ha caducado. En mayo de 2011 se denegó el permiso a EGL, alegando que no había agua suficiente en el pantano de Alange para su funcionamiento. Y en octubre de 2012 se concedió la autorización ambiental a Mérida Power, que aguarda la decisión del Ministerio de Industria, último trámite del largo proceso administrativo.

En el entorno de Mérida confluyen tres factores necesarios para las centrales de ciclo combinado: el paso de un gasoducto de alta presión, la disponibilidad de recursos suficientes de agua y la existencia de redes eléctricas para la evacuación de la energía generada. Esto convierte a la comarca emeritense en un lugar idóneo para estas centrales y explica por qué hubo tantos proyectos. Sin embargo, tras diez años de trámites todo indica que no se pondrá en pie ninguno de ellos.