Rajoy no logra aplacar el debate entre sus líderes autonómicos por la financiación

Mariano Rajoy no consigue cerrar el debate de sus barones sobre la financiación autonómica. Si la semana pasada fue la catalana Alicia Sánchez Camacho la que mediatizó la reunión del comité de dirección del PP con la reclamación de un modelo singular para Cataluña, la cita del comité ejecutivo nacional de ayer se vio condicionada por la demanda del madrileño Ignacio González de poner en marcha el nuevo sistema dentro de dos meses y medio sin esperar a 2014.

El presidente del Gobierno y líder del PP quiso tranquilizar en persona a sus gobernantes respecto a la propuesta de los populares de Cataluña y a tenor de los comentarios posteriores a la reunión del comité ejecutivo nacional lo consiguió en buena medida. Garantizó que no tienen «ningún pacto» ni ha cambiado «ningún cromo» con el Gobierno de Artur Mas para que rebaje sus demandas soberanistas con una compensación en la financiación. Es más, aseguró, la reforma del modelo aprobado en 2009 bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero no va encaminada a «favorecer a nadie».

Cataluña será «una (comunidad) más», comentó tras la reunión el presidente de La Rioja, Pedro Sanz. «Una frase muy clara y muy necesaria», apuntó el gobernante extremeño, José Antonio Monago, quien confesó salir más «tranquilo» del comité ejecutivo. «Es una obviedad» que no haya intercambio de cromos, apuntó el balear José Ramón Bauzá, porque «no puede haber» 17 sistemas de financiación. Sánchez-Camacho corroboró las palabras de sus compañeros, pero colocó sus matices ya que si bien es cierto que no puede haber «privilegios para nadie» no es menos cierto que hay que «tener en cuenta las condiciones de cada uno» y que «cada uno haga sus propuestas legítimas».

Rajoy no tuvo tanto éxito ante la pretensión del presidente de la Comunidad de Madrid de que el nuevo sistema de financiación entre en vigor en dos meses y medio. El presidente del Gobierno insistió en que «ahora no toca» negociar el nuevo modelo y recordó, según relató después la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, porque la intervención fue a puerta cerrada, que en la Conferencia de Presidentes se pactó un calendario, según el cual este año se debe hacer la evaluación de la fórmula vigente y negociar otra el año que viene. La número dos del PP añadió además un argumento de oportunidad que ya fue esgrimido por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y es que es mejor plantear una reforma de la financiación «en un momento de crecimiento», como se prevé que sea 2014, que en uno de crisis porque se crean «distorsiones». Cospedal vino a decir que en años de crisis el Estado no tiene capacidad de hacer aportaciones financieras el sistema para equilibrar el reparto, una posibilidad que ahora está cerrada para Hacienda por la crisis de caja. En el modelo pactado en 2009 el Gobierno de Zapatero insufló 11.000 millones de euros para la financiación de las comunidades que salían más desfavorecidas.

Prisas

El presidente de la Comunidad de Madrid, sin embargo, insistió ante Rajoy en sus tesis, adelantadas ayer en un artículo publicado en 'El País'. Según su interpretación, la Conferencia de Presidentes acordó que el nuevo modelo debe entrar en vigor el 1 de enero de 2014 y subrayó que para Madrid es casi cuestión de vida o muerte contar con un nuevo sistema porque el actual es «injusto e incoherente». González defendió asimismo que es urgente la reforma para acabar con «las injusticias y las incoherencias del modelo actual». Puso como ejemplo que Madrid recauda 66.000 millones de euros y recibe 11.000 millones, mientras Cataluña recauda 27.000 millones y recibe 15.700 millones. El presidente madrileño no es el único gobernante del PP con prisas por cambiar de modelo, pero sí es el primero que lo defendió en público. En anteriores ocasiones los presidentes de la Comunidad Valenciana y Baleares también han mostrado sus urgencias, pero hoy no las mostraron ante Rajoy. Nadie, sin embargo, recriminó a González que hubiera sacado a la luz pública el debate, aunque la secretaria general del PP se permitió un pescozón porque «lo lógico es hablarlo dentro del partido».

El presidente del Gobierno solo aceptó publicar a fin de año las balanzas fiscales de las comunidades, es decir el flujo de recaudaciones e inversiones, un indicador que muestra qué autonomías hacen mayor esfuerzo fiscal. La divulgación de estos datos siempre ha sido una reclamación de las autonomías más ricas para que se visualice su grado de solidaridad. Los territorios de menos recursos, en cambio, nunca han sido partidarios de airear esas cifras.

Ayer no fue una excepción, y el extremeño Monago puntualizó que las balanzas fiscales no reflejan «el esfuerzo» de las comunidades y reclamó que se confeccionen balanzas «de infraestructuras» para comprobar qué autonomías son deficitarias en ese terreno. También el presiente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, se mostró en desacuerdo con la publicación de los datos fiscales, según informaron fuentes de la reunión.

Cospedal relativizó las diferencias internas, alejadas del monolitismo que antaño presidía las reuniones de la dirección del PP. «Hay opiniones», comentó la secretaria general.