El Gobierno da luz verde a que los vigilantes privados puedan detener y cachear en la calle

Las competencias de los vigilantes privados aumentarán, y no poco, gracias a la nueva ley de seguridad privada aprobada ayer en la comisión de Interior del Congreso con los votos a favor de PP, CiU y PNV. Tanto es así que si el Senado no modifica el texto, fuertemente contestado por PSOE, Izquierda Plural y UPyD, los empleados que vigilan establecimientos privados podrán identificar, cachear y detener a ciudadanos en zonas comerciales peatonales, cines, teatros e instalaciones deportivas. Es más, la nueva ley abre la puerta a que, previa autorización gubernamental, los vigilantes puedan realizar estas funciones en cualquier espacio público.

La comisión de Interior del Congreso con competencia legislativa plena, es decir con las atribuciones del pleno de la cámara, aprobó que la ley instaure una mayor protección jurídica al personal de seguridad privada de manera que las agresiones y desobediencias que sufran cuando actúen de servicio debidamente identificados tendrán la misma calificación penal que si se hubieran cometido contra agentes de las fuerzas de seguridad del Estado.

La norma, cuyo primer borrador aprobó el Consejo de Ministros hace ocho meses, da luz verde asimismo a que el Ministerio del Interior o las Delegaciones del Gobierno encarguen a vigilantes jurados la seguridad de instalaciones que hasta ahora sólo podían custodiar el Cuerpo Nacional de Policía, la Guardia Civil o Policía Local.

La norma también tiene contrapesos e intensifica el control del Estado sobre estas empresas de seguridad privada y, por primera vez, se regula de manera detallada las actividades de investigación frente a la escasa regulación actual.

El PP sostiene que, pese a las novedades, la protección privada será en todos los casos «complementaria, subordinada y controlada» por la actuación de los funcionarios públicos. El grupo popular logró el apoyo de CiU y PNV tras introducir en el texto cerca de 70 enmiendas de ambas formaciones nacionalistas. Entre ellas, una de gran calado y que otorga a los Gobiernos de Cataluña y País Vasco las competencias sobre las empresas de seguridad y despachos de detectives en sus territorios

Privatización

El PSOE sustentó su rechazo a la norma porque es un «nuevo ataque del Gobierno del PP al Estado social» que proclama la Constitución, según expresó el portavoz socialista en la comisión de Interior, Antonio Trevín. Para el socialista, esta ley permitirá la privatización de la seguridad ciudadana. A partir de ahora, añadió, las funciones de las fuerzas de seguridad del Estado «podrán ser ejercidas por la seguridad privada según el criterio económico, es decir, lo que sea más barato».

Trevín lamentó el incumplimiento del compromiso del ministro del Interior de buscar acuerdos sobre el medio centenar de enmiendas presentadas por el PSOE, que sin excepción fueron rechazadas. «Las grandes empresas privadas de seguridad -subrayó Trevín- están de enhorabuena porque son las principales beneficiadas de esta ley». A su juicio, el Gobierno renuncia con esta ley a seguir concibiendo la seguridad «como un derecho para convertirla en un negocio». Unos argumentos en los que también incidieron Izquierda Plural y UPyD.

Los responsables de Interior negaron la mayor y, mediante un comunicado, recalcaron que «resulta de todo punto demagógico sostener que, al amparo de este precepto, los vigilantes de seguridad podrán practicar cacheos y detenciones arbitrariamente». De hecho, advierten de que «en caso de que así lo hicieran, incurrirían en las correspondientes figuras de delito tipificadas en el Código Penal».

Lo que sí admite Interior es que los vigilantes privados podrán detener a quien acaba de cometer un delito si lo ha cometido en el ámbito de su protección, el lugar que vigilan, y deberán poner al presunto delincuente a disposición de las fuerzas de seguridad sin proceder a su interrogatorio, aunque sí a su identificación.

PNV y CiU mostraron su satisfacción aunque creen que la norma es mejorable en el Senado. El nacionalista vasco Emilio Olabarria fue uno de los más entusiastas porque, dijo, es un proyecto de ley «innovador, de lo más avanzado» y subrayó que se ha hecho «un esfuerzo de aplaudir casi con las orejas para la aceptación de las competencias autonómicas».