«Ha atentado contra nuestra dignidad»

«¿Qué más se necesita para enviar a una persona a prisión?». Ésa es la pregunta que se hicieron anoche en público las 17 trabajadoras de Aprosuba 14 que aparecen en las grabaciones realizadas durante varios años en los servicios de este centro de discapacitados de Olivenza.

Arropadas por sus compañeros de trabajo, las afectadas por estos hechos quisieron hacer pública su indignación pocas horas después de que el juzgado de instrucción de Olivenza decidiera poner en libertad con cargos a J. C. S. S, el hombre de 45 años que trabajaba como administrativo en Aprosuba 14.

Hasta ese día, sus compañeras no sospechaban que un compañero con 15 años de trayectoria profesional podría estar detrás de las minuciosas grabaciones realizadas con varias cámaras de seguridad colocadas «estratégicamente» en los servicios que utilizan los trabajadores.

Las denunciantes explicaron ayer que las imágenes encontradas en su ordenador están almacenadas en varias carpetas, cada una con el nombre de una de sus compañeras. «También hay montajes de vídeo», añadió Yolanda, una de las jóvenes llamadas por la Guardia Civil para identificar las imágenes en las que aparece. Junto a las trabajadoras, hay otras mujeres ajenas al centro de las que aún se desconoce su identidad.

«Estos hechos atentan contra lo más sagrado que tiene el ser humano: su dignidad (...). Tenemos la duda de hasta dónde podría haber llegado todo esto de no haber sido descubierto. Tampoco sabemos con certeza si ha traficado con nuestras imágenes».

Las perjudicadas explicaron que la videocámara que descubrió una de las trabajadoras tenía el tamaño de un mando de garaje. Sin embargo, están convencidas de que el responsable de su colocación usó varios dispositivos para tomar las imágenes desde distintos ángulos, y las movió por los diferentes servicios que utiliza el personal del centro.

Ha quedado descartado que grabara a los discapacitados y a menores de edad, pero las denunciantes aseguran que las grabaciones se extienden más allá del ámbito laboral. «Este individuo ha violado la intimidad de todas las mujeres a las que ha tenido acceso, dentro y fuera de su trabajo».

Por esta razón, piden que los órganos judiciales decreten el ingreso en prisión del acusado. De momento, J. C. S. S se encuentra en libertad con cargos, por lo que tendrá que acudir al juzgado a firmar los días 1 y 15 hasta que haya juicio.

«Tenemos miedo a posibles reacciones por parte de nuestros familiares y amigos debido a la indignación e indefensión que sienten, ya que el imputado está en libertad con cargos. De igual forma, nosotras sentimos inseguridad, y también miedo, al saber que este individuo está en la calle y puede tomar represalias en nuestra contra, ya que algunas tenemos horarios de trabajo hasta entrada la noche y las puertas de nuestro centro siguen abiertas», añadieron.

Las trabajadoras no ocultaron que la ansiedad generada por estos hechos se ha «generalizado» en sus vidas hasta el punto de cambiar hábitos como «llevar a los niños al colegio o hacer la compra». «Muchas hemos empezado a tomar medicación, nos es imposible conciliar el sueño».