La Audiencia dobla la multa al exalcalde de Navalvillar de Ibor

plasencia. La Audiencia Provincial de Cáceres ha ratificado la pena de un año y nueve meses de cárcel que el Juzgado de lo Penal número 1 de Plasencia le impuso al exalcalde socialista de Navalvillar de Ibor, Francisco Javier Morales Cortijo, por un delito de coacciones contra dos vecinos del pueblo, Emiliano Baltasar y su mujer, Paula García. Pero además, en su sentencia con fecha 2 de abril, le ha doblado la multa al acusado por los daños morales causados al matrimonio. Frente a lo establecido por el juzgado placentino, la Audiencia condena al exregidor a indemnizar con 50.000 euros a Emiliano y Paula: 30.000 para el primero y 20.000 para la segunda. «Pues la única diferencia entre el sufrimiento de ambos ha sido la mayor gravedad del trastorno psiquiátrico de aquel, al padecer una secuela más (el trastorno depresivo) que su esposa», argumenta la Audiencia.

El tribunal estima así, en parte, el recurso de apelación interpuesto por la defensa del matrimonio a la sentencia del juzgado placentino. Y desestima el recurso presentado por la defensa del exalcalde contra la misma sentencia, del 13 de noviembre de 2013. Porque la Audiencia ratifica que el exregidor participó en dos manifestaciones, los días 18 y 19 de marzo de 2006, contra el matrimonio con el fin de que se fueran del pueblo.

«No cabe duda de que aquellas manifestaciones no eran sino una medida de presión más dirigida a conseguir violentar la voluntad de los denunciantes». La Audiencia señala que esta conducta comprende todos los elementos que configuran el delito de coacciones y, por ello, ratifica la condena impuesta al exregidor por el juzgado placentino.

La historia que ahora concluye -contra esta sentencia no cabe recurso- comenzó en el año 2005. Cuando Emiliano Baltasar y Paula García decidieron trasladar su residencia desde Barcelona hasta Navalvillar de Ibor, pueblo en el que él nació. Adquirieron una vivienda situada encima de una discoteca que carecía de los permisos y licencias necesarios para su funcionamiento, así como las precisas medidas de insonorización, y ahí comenzó el calvario para el matrimonio. Las molestias que soportaban impedían su normal convivencia y, por ello, pidieron al entonces alcalde, Francisco Javier Morales Cortijo, que cerrara el establecimiento.

Ante la pasividad del Ayuntamiento, Emiliano Baltasar remitió una queja a la Junta, que requirió a su vez una solución al alcalde. Éste decretó el cierre cautelar del establecimiento a principios de 2006, con el descontento de la mayoría de los residentes en el pueblo, que se concretó en ataques de diversa índole al matrimonio, lo que provocaron denuncias por su parte ante la Guardia Civil.

Pero el alcalde no los protegió, sino que lideró las dos manifestaciones que se celebraron en el pueblo los días 18 y 19 de marzo para lograr que el matrimonio abandonara la localidad, de lo que dejan constancia los informes emitidos al respecto por la Guardia Civil y que han formado parte del sumario.

El matrimonio abandonó Navalvillar de Ibor en abril de 2006. «La situación vivida por Emiliano y su esposa generó en ambos enorme pánico y miedo, requiriendo atención médica y psiquiátrica», afirmó el juzgado placentino. «Las secuelas que les han quedado sugieren una idea de la importancia del daño moral irrogado al matrimonio», ratifica la Audiencia de Cáceres.