La casa ilegal de la mujer del alcalde de Villanueva, expedientada

La Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) y la Junta de Extremadura tienen abiertos expedientes sancionadores a la esposa del alcalde de Villanueva de la Serena por la construcción de un chalet en un espacio protegido junto al embalse de Orellana. El expediente abierto por la Dirección General de Medio Natural tiene tres apartados, según explicó a HOY una responsable de prensa: uno por el movimiento de tierras; otro por la fosa séptica construida y otra por la vivienda. No obstante, Medio Natural también puntualizó que cuando existe una actuación judicial en marcha, como es este caso, los expedientes se paralizan. Medio Natural no fijó el montante de las sanciones que se pueden imponer por estas irregularidades. Tampoco la Confederación del Guadiana (CHG) concretó ayer a cuánto pueden ascender las multas por el expediente abierto a la esposa de Miguel Ángel Gallardo. Según explicó a HOY Eduardo Alvarado, presidente de la CHG, este organismo ha enviado a los juzgados de Villanueva de la Serena unas 110 denuncias por actuaciones irregulares en el entorno del pantano. Al margen del envío de esas denuncias al juzgado, la Confederación continúa tramitando sus propios expedientes sancionadores. «Nosotros sólo los paralizamos si nos los ordena el juzgado. Si no, continuamos con todos los trámites», declaró Alvarado. El responsable de la CHG matiza que estas multas se imponen por incumplir la Ley de Aguas. Los motivos son variados: por hacer cerramientos ilegales, por construcciones en dominio público hidráulico o en la zona de policía o por vertidos. La cuantía de las sanciones es muy variable. «En casos muy graves hemos puesto sanciones -que han sido aprobadas por el Consejo de Ministros, de hasta 300.000 euros», explica Alvarado. Multas Aunque el presidente de la CHG no aventura a cuánto podría ascender la sanción en casos como el de la esposa de Gallardo, la Confederación ha impuesto multas en la misma zona a propietarios de viviendas ilegales. El 1 de febrero de 2008 se publicaba en el BOE un anuncio en el que se daba trámite de audiencia a una persona a la que se le habían impuesto nada menos que tres sanciones que sumaban más de 18.000 euros, 6.000 por cada una. La primera por ejecución de obras en la zona de policía del embalse; la segunda por abrir un pozo en esa zona de policía y la tercera por 'actuaciones' en la misma zona. Eduardo Alvarado recalca que en la CHG se hace cumplir la ley en aquello que es de su competencia. «No nos saltamos las leyes a la torera. Yo firmo muchas sanciones, que se imponen después de seguir un trámite y unas garantías. Pero una vez cumplidas, si se demuestra la irregularidad, se aplican. No es agradable poner sanciones, pero hay que hacer respetar las normas». Otra administración que está concernida por las edificaciones ilegales es el Ayuntamiento de Orellana de la Sierra (también conocida como Orellanita), a donde han llegado las denuncias del SEPRONA sobre los chalés construidos de Los Tercios. Según fuentes municipales, el Ayuntamiento ha ordenado la paralización de las obras en todas las parcelas en que se ha estado construyendo en los últimos meses. La razón es evidente: ninguna cuenta con la licencia urbanística que se exige a toda obra en España. La necesidad de esa licencia la conocen la mayoría de los ciudadanos y, por descontado, todos los alcaldes, puesto que son los encargados de concederla. Notificaciones Las construcciones junto al pantano no podrían contar con esa licencia porque se trata de un suelo no urbanizable protegido. 42.609 hectáreas están declaradas zona de interés regional (ZIR) en el entorno del pantano. También está considerada ZEPA (Zona Especial de Protección de AVES), LIC (Lugar de Importancia Comunitaria) y Humedal de Importancia Internacional. En base a estas figuras de protección el Ayuntamiento de Orellana ha enviado a los propietarios de las parcelas donde se construye unas notificaciones en las que se les advierte de que no hay legalización posible. «Dichas edificaciones no pueden legalizarse, al tratarse de una actuación ilegal realizada en suelo no urbanizable», se lee en la notificación. Estas notificaciones se han enviado, o bien al domicilio del propietario de la parcela o, en el caso de no localizarlo, se han publicado en el Boletín Oficial de la Provincial (BOP). El pasado 27 de enero se publicaban dos. Una ordenaba la paralización de la obra de una piscina que se construye justo en la parcela vecina a la de la mujer del alcalde de Villanueva. «Esta Alcaldía le requiere para que paralice inmediatamente las obras (...), suspenda los actos de edificación que estén ejecutando y proceda a la restauración del orden jurídico infringido y de la realidad física alterada o transformada como consecuencia de la actuación ilegal», señalaba el anuncio. La Junta emitió ayer un comunicado en el que señala que las responsables de velar por el cumplimiento de la normativa urbanística son las administraciones locales, no la autonómica.