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EUROPA PRESS
Viernes, 9 de abril 2010, 15:37
El sobrino de un represaliado del franquismo, Aniceto Asensio Barrena, cuyo tío supuestamente yace en un olivar del término municipal de Mérida junto a otras 10 personas que habrían sido asesinadas presuntamente por los falangistas al comienzo de la Guerra Civil se mostró agraviado por el auto dictado por el Tribunal Supremo contra el "juez valiente", como definió al magistrado Garzón.
Para este hombre, cuya familia lleva 73 años luchando por la apertura de la fosa colectiva donde se encontraría su tío, natural de la localidad de Arroyo de San Serván, junto a otros ocho hombres y dos mujeres de este mismo municipio, las acusaciones que recaen sobre Garzón "sientan muy mal", por tratarse de "el único (juez)" que ha decidido "descubrir la verdad" sobre los crímenes franquistas, por lo que lamentó que "no le hayan dejado".
Asimismo, considera que se trata de una acción judicial "mala" para impedir que la memoria histórica sobre el periodo franquista salga a la luz. "Sabemos que en la izquierda hubo represalias, también se mató. Pero cuando los nacionales ganaron recogieron todos los muertos que tenían en el campo y los enterraron en el cementerio", aseveró.
Sin embargo, se quejó de que en su caso y el de los demás familiares del resto de desaparecidos lleven más de 70 años "esperando recoger" los cuerpos de quienes permanecen "tirados en el campo", sin ocultar la "impotencia" que le causan tantos años de espera.
"Si ellos pudieron recogerlos con el Gobierno de entonces, ¿por qué no podemos, nosotros, recoger los cuerpos de nuestros familiares con el Gobierno que tenemos ahora?, se pregunta, antes de apuntar que no se trata de "animales" sino "personas que están tiradas en el campo, las cunetas y las señales", como precisó.
Aniceto no para de preguntarse "cuándo va a llegar el día" en el que los familiares de las más de 100.000 desaparecidos logren recoger los restos de los suyos, ya que lo que pretenden es ofrecerles "digna sepultura" y recobrar "la dignidad que les quitaron cuando les fusilaron".
Obstáculos para excavar
70 años esperando abrir una fosa cómun de Mérida" en agosto de 1936 y desde entonces están en un fosa que fue "localizada desde el mismo día que los mataron" gracias a las informaciones de un familiar que ahora tiene 94 años, según lamentó Aniceto.
Pese a contar con pruebas y testimonios al respecto, este hombre explicó que se enfrentan a la oposición de los dueños de la finca donde se localiza la tumba colectiva. "El dueño dice que no nos deja entrar, pese a saber perfectamente que están ahí, pero no quieren dar el brazo a torcer ", criticó.
Al parecer, la propiedad privada, donde sospechan que existan "más tumbas", está bajo titularidad de los familiares del alcalde falangista de Arroyo de San Serván que entonces ordenara los fusilamientos, según dijo.
"La abuela de mi tío le puso una cruz y venía todos los días andando por el camino de la Calavera a poner flores al nieto, hasta el punto que murió en el mismo lugar, de un infarto, ahí la encontraron muerta", recordó Aniceto señalando entre los olivos.
Este año, explicó, cansado de que no le autoricen a abrir la fosa, él mismo colocó una cruz y unas flores, junto a más familiares, que todos solían visitar con frecuencia hasta que también las "arrancaron" del mismo lugar.
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