La patronal agraria asegura que está pagando el salario mínimo en vigor desde enero

Las organizaciones agrarias UPA-UCE y Apag señalaron ayer que los profesionales del campo sí están recibiendo el salario mínimo interprofesional, por lo que rechazaron las acusaciones de los sindicatos CC OO y UGT, que un día antes criticaron que tenían la intención de saltarse la ley. Por ello, avisaron de que enviarían inspectores de trabajo para detectar si estaban cumpliendo la ley.

El secretario general de UPA-UCE, Ignacio Huertas, afirmó ayer que los agricultores y ganaderos extremeños están asumiendo y pagando el nuevo salario establecido desde el 1 de enero y subrayó que las organizaciones profesionales agrarias no van a defender ningún incumplimiento de la ley, en contra del mensaje que difundieron anteayer CC OO y UGT.

Según Huertas, la discrepancia viene por el número de horas a aplicar y se enmarca dentro de la negociación que se está llevando a cabo en la actualidad para renovar el convenio del campo, un documento que se suele actualizar cada tres años.

En este momento se están negociando las tablas salariales, las cuales se negaron a firmar las organizaciones agrarias el pasado martes, y si bien Huertas indicó a este diario que no hay discusión por la cuantía, sí se está negociando el número de horas, que actualmente es de 1.768 al año. Según el dirigente de UPA-UCE, al aumentar el salario es lógico que se pueda revisar al alza el número de horas siempre dentro de lo que contempla el Estatuto de los Trabajadores, que marca como tope 1.826 horas anuales, explicó.

«No estamos incitando a la gente a saltarse la ley, estamos en plena negociación y estamos hablando de muchas otras cosas, así que no entendemos esta acusación sin fundamento de los sindicatos, que supongo que lo que quieren es presionarnos porque ayer [por el miércoles] no firmamos las tablas salariales que querían».

De la misma opinión es Juan Metidieri, secretario general de Apag. «No estamos incitando a la ilegalidad. El empresario tiene que cumplir la ley y por eso ha adaptado las nóminas de enero y febrero al nuevo real decreto, así que no hay motivo de para las amenazas de los sindicatos», señaló ayer.