García Lobato cae en contradicciones con sus concejales ante la Audiencia Nacional

El alcalde de Almendralejo, José García Lobato, declaró este martes ante el juez del caso Púnica, Manuel García Castellón, que el concurso para adjudicar un contrato de eficiencia energética a Cofely -empresa vinculada a la trama- fue legal y transparente, y negó cualquier amaño. García Lobato acudió a la Audiencia Nacional en compañía de dos de sus concejales, Luis Alfonso Merino y Carlos González, todos investigados en la causa. No obstante, a lo largo de las declaraciones se produjo alguna contradicción entre las respuestas de Lobato y alguno de sus concejales sobre quién había elaborado el pliego del contrato de energía.

Según fuentes jurídicas presentes en la declaración, el fiscal planteó una larga batería de preguntas siguiendo el informe hecho por la UCO (la unidad especializada de la Guardia Civil), en el cual se detallan los contactos entre Cofely y los gobernantes de Almendralejo. A Lobato se le ha preguntado sobre su viaje a París, invitado por la empresa matriz de Cofely, y sobre las reuniones que mantuvo en Madrid con ejecutivos de la firma que quería hacerse con el contrato de eficiencia energética valorado en veinte millones de euros.

Otra de las preguntas ha versado sobre las conversaciones telefónicas mantenidas en las que se habla de un 2% (según la Guardia Civil podría corresponder a una presunta comisión). A esa pregunta Lobato ha contestado que se trataba de remanentes para obras.

Otro punto clave de la investigación ha sido la procedencia del pliego de condiciones por el que se iba a regir el contrato. Lobato afirmó que lo había enviado la empresa Cofely, mientras que Merino aseguró que se lo había descargado de Internet. Un asunto sobre el que también se le interrogó al alcalde fue el motivo por el que apartaron a un funcionario municipal que le puso pegas a la estrecha relación que el Ayuntamiento mantenía con la empresa Cofely para preparar el contrato. Lobato no explicó las razones de ese apartamiento.

No obstante, tanto Lobato como los concejales Merino y González negaron que existiese un amaño del contrato y que ellos recibieran algún tipo de comisión por favorecer que Cofely ganase el concurso de eficiencia energética.

A la vista de las declaraciones de este martes y de los informes que constan en la causa el juez García Castellón decidirá si continúa con la investigación relacionada con Almendralejo o bien la archiva.

El elemento acusatorio más importante con que cuenta el magistrado es el informe de la UCO en el que se recoge la documentación que se incautó la Guardia Civil en el registro del Ayuntamiento de Almendralejo en octubre de 2014, justo cuando salió a la luz el caso Púnica y se produjeron detenciones en Madrid. Entre esa documentación están los múltiples contactos con la empresa Cofely, los correos electrónicos y las conversaciones telefónicas grabadas en los pinchazos a que estaban siendo sometidos los responsables de la empresa. El contrato en cuestión, que estaba a punto de adjudicarse, se suspendió, pero la investigación judicial continuó. Según la valoración que ha hecho la UCO, en Almendralejo podrían haberse cometido delitos de cohecho, fraude, revelación de secretos y tráfico de influencias. Ayer también estaban citados a declarar como investigados por el mismo caso ante el magistrado García Castellón, el empresario Gonzalo Parra y el directivo Enrique Salas Rincón.

La comparecencia del alcalde de Almendralejo en la Audiencia dio lugar a reacciones políticas en Extremadura, según informa EFE. PSOE y Podemos exigieron explicaciones al PP de Extremadura, mientras el PP mostró su «respeto absoluto a la presunción de inocencia».

El portavoz socialista, Valentín García, afirmó que es muy triste para la comunidad que estén declarando en la Audiencia Nacional el alcalde y varios concejales, porque «Almendralejo y Extremadura ligan hoy sus nombres con la Púnica». Lamentó que el PP siga sin dar explicaciones.

En su opinión, parece «más que evidente que allá donde hay contrataciones públicas, privatización de servicios y PP», hay «más que sombras oscuras. Pasó con Gürtel y está pasando con Púnica».

La presidenta del Grupo Parlamentario Podemos, Irene de Miguel, afirmó que «los tentáculos de la Púnica han llegado hasta Extremadura» y exigió explicaciones al PP, al que «le cuesta mucho afrontar los casos de corrupción dentro de su partido». «Quizá porque no son manzanas podridas sino que tenía un sistema asentado de corrupción institucional donde el dinero público se utiliza en beneficio propio», apostilló la diputada.

La portavoz del Grupo Popular, Cristina Teniente, insistió en rueda de prensa tras la Junta de Portavoces la situación de Lobato está en el comité de derechos y garantías del partido. Teniente reiteró su respeto a la presunción de inocencia y criticó al PSOE por no aplicar la misma dureza con sus cargos.