Los abogados del clan acusado de traficar en el Cerro de Reyes piden anular las pruebas

En la sesión celebrada este lunes, en la que no ha estado presente uno de los acusados, se han tratado las cuestiones previas durante más de dos horas. Los abogados defensores han solicitado la nulidad de las actuaciones, al considerar que sus representados han sufrido indefensión material durante la instrucción. Piden la absolución de sus clientes alegando que no existe una banda organizada ni pruebas contundentes contra ellos.

Las escuchas telefónicas provocaron los registros policiales e inmeditamente quedaron detenidas la mayor parte de los presuntos miembros del clan.

Los abogados de la defensa entienden que se ha vulnerado el derecho a la intimidad y por tanto consideran que las escuchas telefónicas han sido nulas. Asimismo, entienden que hubo entradas ilegales en los domicilios, a lo cual se ha opuesto el fiscal, Diego Yebra, quien las considera ajustadas a derecho.

Los abogados defensores han alegado que algunas de las entradas no habían sido autorizadas por auto y se hicieron sin presencia del acusado. Sin embargo, el fiscal se opone y defiende que no habían sido en domicilios particulares, sino en un garaje o una cuadra, y, por tanto, no necesitaban auto judicial.

José Duarte, el letrado que representa a 21 de los 30 procesados, cree que «desde el inicio del proceso se ha vulnerado el derecho fundamental a tener conocimiento del procedimiento que había contra ellos; y esto ha provocado indefensión». Añade que tiene el respaldo de una sentencia del Tribunal Constitucional que resolvió un recurso de amparo en la que se «dice que se vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva». Sostiene que cuando se interrogó a sus clientes, una vez detenidos, «no supieron lo esencial, y, aunque todavía estaba decretado el secreto de sumario, la ley dice que hay que informar mínimamente de los elementos más esenciales, para que se puedan defender», añade Duarte.

A pesar de esto, la postura de la Fiscalía es que se mantengan todos los autos recurridos. El Ministerio Público solicita que diez de los acusados sean condenados a 15 años de prisión y 700.000 euros de multa cada uno, y otros 15 imputados a 11 años y 500.000 euros cada uno. Para otros cinco solicita distintas penas. Entre todos suman 418 años de cárcel y multas por más de 14,5 millones de euros.

Ahora será el juez el que este martes decida cómo se resuelven esas cuestiones previas y si se anula alguna de las pruebas obtenidas durante la investigación.

Hay que recordar que la Policía Nacional realizó 15 registros. Fueron aprehendidos un kilo de cocaína de gran pureza, 70 gramos de heroína, 190 gramos de hachís, 1.500 gramos de marihuana y 24 kilos de tabaco. Además, las actuaciones policiales intervinieron también 18.685 euros en efectivo.

La operación de la Policía Nacional contó con la participación de medios aéreos, la Unidad de Intervención Policial (UPR) de Galicia, GOES de las Jefaturas Superiores de Andalucía Occidental y Oriental, la UPR y la Brigada Provincial de Policía Judicial de Extremadura.

En los últimos años, entre los dos cabecillas y sus hijos y sus parejas gastaron, según indicó el fiscal en sus calificaciones previas, más de 330.000 euros.