El alcalde de Oliva de la Frontera, a juicio por subvencionar el recibo del agua de los vecinos

La posible comisión de ese delito fue denunciada en el año 2016 por la anterior alcaldesa socialista, Luisa Osorio, que salió del Ayuntamiento tras las elecciones de mayo de 2023, cuando García Torres volvió al poder como cabeza de lista del partido con el que ya gobernó la pasada década, el Colectivo Independiente Olivero (CIO).

La Fiscalía pide para el alcalde 4 años y 6 meses de prisión, multa de 3.240 euros (12 euros diarios durante 9 meses) e inhabilitación para empleo o cargo público durante cuatro años por el delito de falsificación, y solicita también que sea inhabilitado para empleo o cargo público durante 15 años por la prevaricación administrativa.

En el juicio que comenzó este martes en la Audiencia Provincial de Badajoz y que concluirá el jueves se sienta también en el banquillo el ex arquitecto técnico de este Consistorio, que se enfrenta a una petición de pena de 20 meses de prisión y a una multa de 2.700 euros (10 euros diarios durante 9 meses).

En su declaración ante el tribunal este martes, el alcalde olivero defendió la legalidad de la decisión que adoptó al subvencionar el sobrecoste que habían pagado los vecinos en el recibo del agua, y garantizó que ese dinero se abonó con cargo a la cuenta general del Ayuntamiento. Descartaba de ese modo que se hubiese utilizado para ello un dinero que el Consistorio había recibido de Promedio para realizar unas obras de mejora en la red de saneamiento que, según cree la Fiscalía, no se llegaron a realizar.

Sobre esta circunstancia fue preguntado también el entonces aparejador del Ayuntamiento, quien asegura que esas obras se hicieron de forma correcta.

En la primera sesión del juicio también intervinieron como testigos la exalcaldesa de Oliva por el Partido Socialista, impulsora de la denuncia que ha sentado en el banquillo al alcalde. Su teoría es que esa subvención procedía del dinero que se envió al pueblo para mejorar la red de suministro y que la obra no se realizó.

En esa misma línea se situó el ex concejal socialista Manuel Carrasco, quien asegura que en algún pleno llegó a decirse que el dinero que se usó para subvencionar el recibo del agua procedía de la subvención que se investiga.

El último testimonio relevante en la sesión de este martes fue el del empresario que se hizo cargo de un quiosco municipal. En su caso, dijo que ese quiosco se lo entregaron como compensación a una deuda que tenía el Ayuntamiento con él.

El juicio continuará este martes con la participación de varios testigos y concluirá el jueves con la participación de dos peritos y la elevación de las calificaciones a definitivas.

Esta vista tiene lugar después de producirse varias suspensiones de este juicio. La última vez que se aplazó fue el pasado mes de diciembre, cuando se supo que el Ayuntamiento de Oliva, gobernado por el ahora procesado, había retirado la acusación presentada por la anterior alcaldesa.