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E.F.V.
Lunes, 31 de mayo 2021, 13:45
¿Quién mató a Nadir? Esa es la pregunta que seguirá sin respuesta después de que la Audiencia Provincial de Badajoz haya absuelto por falta de pruebas a las cinco personas que fueron juzgadas a mediados de mayo por su presunta participación en el tiroteo mortal de Las 800.
Bien es cierto que ninguno de los procesados era acusado de causar esa muerte, pero sí tuvieron que responder ante el tribunal por participar presuntamente en el intercambio de disparos que costó la vida a Nadir, el joven holandés de procedencia marroquí que recibió un tiro en la cabeza.
La Fiscalía entendía que Manuel R. B., con el apoyo de su sobrino Cristian A. C., contrató a Nadir para dar un escarmiento a Samuel F. L., cuya vivienda fue acribillada por un grupo de encapuchados del que formaba parte Nadir.
Por esta razón, Manuel y Cristian fueron sentados en el banquillo, al igual que Samuel, que estaba acusado de poseer un arma con la que intentó repeler el ataque. Junto a ellos fueron juzgados Francisco Javier F. M. y Juan José O. F., a quienes se acusaba de repeler ese ataque disparando desde las terrazas de sus casas a los encapuchados.
En la parte final del juicio el representante del Ministerio Fiscal retiró algunos de los cargos que pesaban contra los acusados, pero ha sido ahora, en sentencia, donde la Audiencia absuelve a todos los procesados porque no encuentra certezas que desvirtúen de forma inequívoca la presunción de inocencia.
En el fallo se considera acreditado que Manuel R. B. y el difunto Nadir mantuvieron unos contactos en los que probablemente participó Cristian A. C., pero «no se evidencia que tales reuniones se produjeran para que el súbdito holandés, finalmente fallecido, participara en una expedición de castigo u hostigamiento, por encargo de Manuel, contra miembros de la familia de Samuel F. L. (...). Existen sospechas, pero tales suposiciones carecen de la categoría de convicción», dice el fallo, en el que se recoge que tampoco está claro quiénes acompañaban a Nadir la noche que murió.
El tribunal también sospecha que Samuel F. L., Francisco Javier F. M. y Juan José O. F. repelieron ese ataque, pero «tampoco dicha hipótesis alcanza la concusión de certeza moral, habida cuenta de que no ha tenido lugar acreditación de la misma».
Del mismo modo, no hay pruebas de que el tiroteo mortal de Las 800 tuviera relación con un intercambio de disparos ocurrido sólo un día antes en la calle Gurugú.
El tribunal indica que gran parte del material incriminatorio que ha servido de soporte a la acusación pública ha consistido en declaraciones prestadas por testigos en sede policial que después no fueron ratificadas en el juzgado de instrucción ni tampoco en el juicio. Sobre este aspecto es clara la sentencia cuando indica que las afirmaciones hechas ante la policía solo tienen validez si esos testigos mantienen lo afirmado en un juicio donde puedan ser sometidos a contradicción.
En este caso, tanto Cristian A. C. como su entonces pareja habían afirmado ante la Policía Nacional que Francisco Javier F. M. fue el autor del disparo mortal, una acusación de la que se desdijeron en el juzgado de instrucción y también en el juicio que se celebró en la Audiencia, razón por la que a esos testimonios no se les ha dado validez.
«No cabe sino afirmar que no ha sido practicada prueba de cargo de cuyo resultado inequívoco se pueda entender desvirtuada la presunción de inocencia que ampara a los cinco acusados, por lo que necesariamente ha de ser dictada sentencia absolutoria», tal y como proponían los tres abogados de las defensas, Miguel Ángel Trigo, Luis Carretero y Alfredo Pereira.
La sentencia no es firme y contra ella cabe recurso de apelación ante el Tribunal Supremo.
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