Badajoz quiere derribar Los Rostros este año

Los agentes respaldaban a los funcionarios municipales que formaban la comitiva previa a las máquinas para ejecutar los trabajos.

El Ayuntamiento tuvo entonces que solicitar una orden judicial de acceso a la propiedad privada al juez que no han llegado.

Antes de esa orden judicial, el escollo que queda es la contratación de una empresa para ello. La firma contratada para ello, Acasur, desistió de los dos contratos que tenía adjudicados en noviembre pasado.

Ahora el Ayuntamiento está a la espera de que los presupuestos municipales entren en vigor, que no lo están porque el gobierno local tiene que resolver una serie de alegaciones, y adaptar los pliegos al alza de los precios en la construcción. El concejal del área, Jaime Mejías, calcula que entre un 8 y un 12%.

Una vez que el presupuesto municipal esté activo y que los servicios municipales puedan tramitar los concursos, ambos saldrán adelante. El objetivo es que sea este mismo año, pero el edil admite que los procedimientos administrativos son largos y que dependen también de que haya empresas interesadas en realizar los trabajos y que no se produzcan nuevas reclamaciones.

«Los tenemos que sacar a concurso este año para no incumplir la Ley. Tenemos sentencia en firme. Como administración tenemos que cumplir, aunque nos duela», asevera.

Una vez que tengan la empresa contratada, el Ayuntamiento volverá al trámite judicial y pedirá ejecución de sentencia. En el Ayuntamiento tienen varias que determinan que la reparcelación y las construcciones son ilegales. Y, con ellas, acceder a la urbanización y ejecutar los derribos, explica el edil de Urbanismo, Carlos Urueña.

Los dos contratos estaban acogidos a los presupuestos de 2017, salieron a concurso en 2018 y tardaron bastantes meses en adjudicarse. Los trabajos, sin embargo, tardaron aún más en tener una fecha. Las demoliciones en Los Rostros estaban previstas a mediados de abril del año pasado y las del Naranjal en junio. Pero la comitiva municipal que se adelantó a las máquinas tuvo que darse la vuelta en los dos casos. Los propietarios impidieron la entrada en su propiedad. Desde entonces, el Ayuntamiento estuvo pendiente de lograr las autorizaciones judiciales para volver. Los meses pasaron y finalmente la empresa decidió romper los dos contratos.

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El edil de Gabinete de Proyectos, Jaime Mejías, asegura que las demoliciones volverán a salir a concurso porque existen sentencias judiciales que avalan la ilegalidad de la parcelación de los terrenos y que ya cuentan con las órdenes para entrar en la propiedad privada. Hay viviendas, cuadras y cuartos de aperos levantados sin licencia.

Por su parte, los vecinos de Los Rostros y Huertos de la Encina (en la misma zona entre San Isidro, la A-5 y La Atalaya) han dado pasos para intentar parar los derribos en estos meses. Lo han intentado en Urbanismo, que depende de Carlos Urueña. Esta delegación ha rechazado en varias ocasiones recursos de reposición presentados contra la inadmisión a trámite de los intentos de regularización con modificaciones del Plan General Municipal (PGM) y recurriendo a la figura de asentamientos rústicos que aparece en la Ley de Ordenación Territorial y Urbanística Sostenible de Extremadura (Lotus). De momento ninguno ha conseguido que se le dé la razón, pero ha logrado ganar tiempo y de momento las construcciones siguen en pie.