El Defensor del Pueblo investigará el homicidio de la educadora social en un piso tutelado de Badajoz

«El Defensor del Pueblo va a iniciar una actuación de oficio. Así se hace desde la institución siempre que se da una situación de esta gravedad», indican desde esta institución.

El primer paso, añaden, es que pedirán información a la Consejería de Salud y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura. «Una vez se reciba la información la institución debe estudiarla y valorarla antes de pronunciarse».

Por otra parte, el Consejo General de Colegios de Educadoras y Educadores Sociales ha solicitado una reunión con el Defensor del Pueblo. La reunión se va a celebrar la próxima semana. En la misma se abordará las condiciones de su trabajo y la normativa autonómica y estatal vigente en materia de protección social, de derechos laborales y seguridad, y el papel de las administraciones al respecto.

El Consejo General de Colegios de Educadoras y Educadores Sociales (CGCEES) y el Colegio Profesional de Educadores Sociales de Extremadura ya han hecho pública su postura sobre el caso. Han condenado lo sucedido y han insistido en que la muerte de Belén Cortés pudo evitarse. Responsabilizan directamente a la falta de medios de la tragedia.

Nada más suceder la muerte ambas entidades condenaron enérgicamente los hechos sucedidos en Badajoz, «donde una profesional de la intervención social ha perdido la vida en un piso para el cumplimento de medidas judiciales presuntamente a manos de tres menores y denuncian la gravedad de lo sucedido». Ambas instituciones expresaron su condolencias a los familiares.

El CGCEES destacó «la falta de medios técnicos y económicos que evidencian la desprotección de los y las profesionales de la intervención social, mermando por ende los derechos de las personas destinatarias de los servicios públicos. La externalización constante de estos servicios afecta negativamente la calidad de la atención brindada y pone en peligro tanto a los y las profesionales como a quienes reciben su apoyo».

«Esta lamentable tragedia podría haberse evitado si las administraciones públicas otorgaran la debida consideración a la labor de quienes nos dedicamos a la intervención social con personas en riesgo», concluyeron.