La Diputación dice que no puede obligar a eliminar vestigios pero sí suspender ayudas a quien no lo haga

El presidente de la Diputación de Badajoz ha aclarado que esta institución no tiene capacidad para obligar a nadie en materia de memoria histórica, sólo para suspender las subvenciones en las que uno de los requisitos de la convocatoria sea la eliminación los vestigios franquistas.

Gallardo ha hecho estas declaraciones después de que el alcalde de la capital pacense, Francisco Javier Fragoso, haya dicho que los nombres de las calles de la ciudad los decidirán «los representantes de Badajoz, no los de Villanueva de la Serena».

Fragoso ha respondido así al requerimiento por parte de la Diputación de que debe suprimir, entre otros, el nombre de la avenida dedicada al ministro franquista Adolfo Díaz-Ambrona, impulsor del Plan Badajoz.

El titular de la Diputación ha asegurado que, en el caso de calles «tan simbólicas» como Ricardo Carapeto o Fernando Calzadilla», la Diputación «sólo recomienda su eliminación, pero la decisión es municipal».

En este sentido, ha explicado que en el catalogo de vestigios franquistas de la Diputación se diferencia entre «tres tipos: los de obligada eliminación, los de eliminación recomendada o aquellos en los que se pide la reinterpretación del símbolo».

Sólo son de obligada eliminación aquellos «personajes o símbolos que participaron directamente en la contienda o forman parte de la propaganda del Franquismo», ha aclarado, como, «por ejemplo, las calles que hacen referencia al ministro franquista Díaz Ambrona».

En el caso de aquellos de eliminación recomendada, la no eliminación no implica la pérdida de las subvenciones de la Diputación y la decisión final es de la Corporación municipal, ha insistido.

El catálogo de vestigios franquistas de la Diputación de Badajoz ha sido hecho público hoy. El Comité Provincial de Expertos en Memoria Histórica destaca que la relación es aún provisional y, precisamente por ello, se le ha dado traslado de la misma a las entidades locales al objeto de que puedan formular alegaciones sobre los vestigios que a cada uno les afecta.

No obstante, ha subrayado que las subvenciones públicas de la Diputación son «de libre concurrencia» y cada ayuntamiento es el que decide solicitarlas o no.

Aquellos que decidan hacerlo «deben cumplir con la Ley de Memoria Histórica, porque es uno de los preceptos» de estas subvenciones, ha apuntado el presidente provincial.