Diputación señala al Ayuntamiento de Badajoz 18 vestigios franquistas

Rocío Romero

Badajoz

Viernes, 15 de diciembre 2017 | Actualizado 18/12/2017 22:02h.

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«El municipio que usted preside contraviene lo establecido en la citada Ley 5/2007, de 26 de diciembre, y deberá retirar, eliminar o modificar los citados vestigios (según los casos en el plazo máximo de tres meses».

Así empieza la carta que la Diputación ha enviado al Ayuntamiento de Badajoz para exigir la retirada de los vestigios franquistas que quedan en la ciudad. En el caso de que no cumpla con el requerimiento, el Consistorio dejará de percibir las subvenciones de la institución provincial y tendrá que devolver las del último año.

La carta tiene 22 folios y está acompañada de 18 fichas de huellas de la dictadura y la guerra civil. Así, exige la «eliminación oficial» de los grupos de viviendas José Antonio, la calle Antonio Cuéllar Gragera, Presidente General Carracedo, avenida de Adolfo Díaz-Ambrona y Juan Jara. Las fichas incluyen también las calles referidas a los alcaldes de la ciudad en el periodo franquista. Son Fernando Calzadilla, Jaime Montero de Espinosa, Ricardo Carapeto y Antonio Masa. En estos casos, la institución provincial solo recomienda su eliminación (por lo que no vincula la decisión a la concesión de ayudas), pero plantea que sea el Pleno del Ayuntamiento el que se pronuncie sobre si debe suprimirse o no. Igual ocurre con la placa de piedra de una de las fuentes del Parque de la Legión donde se puede leer: «Estos jardines se crearon por iniciativa de Don Antonio Masa Campos, alcalde de esta ciudad. Sirva este recuerdo como expresión de gratitud del pueblo de Badajoz. Junio de 1949».

Además, obliga al Ayuntamiento a «hacer una declaración oficial anulando los motivos originales por los que fue nombrada esta plaza (el parque de la Legión) y sustituyéndolos por otro». En el mismo sentido consta para la plaza de los Alféreces, en el centro de Badajoz.

La calle 18 de diciembre «no tiene placa, no aparece en la relación del INE, por no vivir nadie, ni en Google Maps. Sí aparece en el callejero fiscal de Badajoz». Así aparece en la ficha, donde la Diputación obliga a «la eliminación oficial del topónimo y retirada de la placa o placas de la calle». Obliga, igualmente, a eliminar el nombre de Villafranco y su sustitución «por otro que no incluya referencia a Francisco Franco, cuyo nombre en el de una localidad se considera clara exaltación».

La carta de la Diputación conmina también a la retirada y conservación para su posible musealización de la placa en piedra de la Plaza de España donde puede leerse. «Taller de la labra de piedra. Escuela de Artesanos de Badajoz. Profesor Ángel Zoido. Alumno Ángel Granados. 1936-1937. Primer año triunfal». Según la institución que preside Miguel Ángel Gallardo, en la iconografía de esta placa «está representada la ‘Nueva España’ con motivos que se harán visibles por ejemplo en las monedas acuñadas por el bando rebelde. Persiste aún el escudo almenado de la República».

El requerimiento de la Diputación de Badajoz recoge: «Deben ser retiradas todas las placas de este tipo con simbología franquista que existan en viviendas de la localidad, estén o no mencionadas en esta ficha». Las placas de este tipo son las que recogen yugos y flechas del Ministerio de la Vivienda en las casas de protección oficial. Cuenta 39 placas de dos tipos, aunque como se ha apuntado antes exige la retirada de todas aunque no aparezcan en las fichas.

Con esta carta, el presidente de la Diputación muestra su objetivo de borrar todas las huellas del franquismo en este caso de la ciudad, aunque ha hecho lo mismo en el resto de la provincia.

Así, exige a las localidades que cumpla con lo dispuesto por un comité de expertos elegido por la Diputación para seguir percibiendo subvenciones de la institución provincial. En caso contrario, los ayuntamientos tendrían que devolver el dinero recibido en 2017 y no recibirían a partir de 2018.

La mayor parte de los ayuntamientos aceptarán las demandas de la Diputación porque no pueden permitirse perder las subvenciones de la institución. Hay que tener en cuenta que sus fondos suponen un auténtico salvavidas para localidades pequeñas. Por ejemplo, Fuente del Maestre tiene un presupuesto de cinco millones de euros, de los que 400.000 euros proceden de la Diputación. Y Santa Amalia ha percibido este año más de 200.000 euros de un presupuesto anual que ronda los cuatro millones de euros.

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Badajoz es la localidad más grande y tiene un presupuesto de 100 millones de euros. Percibe fondos considerables de la Diputación para los ocho poblados que podrían perderse.

El comité de expertos está formado por la diputada delegada provincial de Cultura, Cristina Núñez, el arqueólogo propuesto por la Junta de Extremadura Francisco Javier Heras y el profesor de Historia Contemporánea en la Universidad de Extremadura (UEx), Julián Chaves. También forman parte de este órgano el secretario general de la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura (Fempex), Miguel Ruiz; el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura (Armhex), José Manuel Corbacho y el jefe provincial del Servicio de Actividades Culturales, Manuel Candalija. Como secretario actúa el jefe del Servicio Provincial de Bibliotecas, Isidoro Bohoyo. Estas son las personas que han analizado cada localidad y que determinan que en Badajoz hay que borrar estos nombres de las calles de la ciudad.

Estos expertos han dividido los restos en tres tipos. Hay vestigios que se pueden reasignar (es decir, explicar que se mantienen pero que su significado ya no tiene relación con Franco ni con la Guerra Civil), los que se pueden mantener y los que obligan a borrar, como los nombres de calles a políticos del régimen franquista como Adolfo Díaz-Ambrona.

Los alcaldes de 70 municipios de la provincia están estos días recibiendo las comunicaciones. El comité de expertos ha estudiado todos los municipios y ha determinado que existen 95 pueblos sin restos de la dictadura.

Una vez que los alcaldes reciben las misivas cuentan con un plazo de diez días para presentar alegaciones. Después los expertos volverán a reunirse y estudiar cada observación. A partir de entonces, los ayuntamientos disponen de tres meses para realizar los cambios.

Si el Ayuntamiento cumple con el mandato de la Diputación, basado a su vez en la Ley de Memoria Histórica, cambiará los nombres de calles donde residen muchos vecinos y existen muchos locales comerciales. Ellos tendrán que cambiar la dirección postal en todos sus datos. En la ciudad existen algunos precedentes. En 2009, con la Ley de Memoria Histórica ya aprobada, se produjeron algunos cambios en el callejero local.