Asesinato en un piso tutelado de Badajoz
La muerte de Belén Cortés Flor ha causado una gran conmoción mucho más allá de Extremadura. El colectivo al que pertenecía, los educadores ... sociales que trabajan en pisos tutelados y en centro de menores, han sido los más reivindicativos porque defienden que su crimen se pudo prever, que debía contar con un guardia de seguridad, más aún cuando había denunciado incidencias con esos mismos menores. Con esos argumentos el colectivo inició una recogida de firmas el lunes, al día siguiente del crimen. En solo tres días han reunido más de 120.000 apoyos.
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Las firmas se han recogido en dos peticiones distintas, una de ellas casi tiene 90.000 y la otra 33.000 en la plataforma Change.org. Ambas solicitan que se aumente la seguridad en torno a los educadores sociales.
«Ayer asesinaron a una de nuestras compañeras, una educadora social de 35 años, mientras trabajaba en un piso tutelado de menores. Y lo peor es que a ninguno nos ha sorprendido. Llevamos años advirtiendo de que esto podía pasar. Nos enfrentamos a diario a situaciones de riesgo y no tenemos suficiente seguridad: ni cámaras, ni protocolos claros, ni personal mínimo», denuncia Victoria Salinas en la petición que más apoyos ha reunido.
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«Pedimos que a los trabajadores de lo social nos acompañe personal de seguridad para realizar nuestro trabajo en aquellos dispositivos donde la conflictividad y el riesgo lo requieran, como son los centros de menores en, tristemente, cada vez más casos», añade la petición.
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La propia Victoria Salinas denuncia que tuvo que dejar su trabajo por esta situación. «Las situaciones a las que estamos expuestos son a veces tan peligrosas que yo me vi obligada a dejar mi trabajo. Al reincorporarme de mi baja viví un motín y temí por mi vida. Nadie me preguntó. Ese fue el detonante final para dejar un trabajo que era mi vocación», explica.
En la otra petición el colectivo de educadores sociales detalla cinco peticiones para mejorar su labor y darles seguridad. La primera es que se implementen protocolos específicos «ante situaciones de riesgo y agresión, adaptados a las particularidades de cada recurso». También exigen personal de seguridad «en aquellos dispositivos donde la conflictividad y el riesgo lo requieran».
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Añaden que se de formación obligatoria y continua «en gestión de conflictos, desescalada de situaciones violentas y autoprotección», que se reconozca la peligrosidad de sus puestos de trabajo y el compromiso institucional de denunciar y perseguir las agresiones a profesionales, garantizando apoyo jurídico a las víctimas.
Por el momento el Gobierno de España ha adelantado que está ultimando un real decreto para mejorar la atención en los pisos y centros tutelados. En concreto el Ministerio de Juventud e Infancia quiere garantizar unos estándares mínimos de calidad, por ejemplo, la cantidad de trabajadores y de menores.
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