La Fiscalía de Badajoz también denuncia presuntas injurias en las redes sociales

La Fiscalía de Badajoz es una de las entidades de la ciudad que ha denunciado las campañas de injurias y calumnias en las redes sociales. Tal y como informó HOY, la Policía Nacional instruye 22 denuncias relacionadas con un grupo de Facebook denominado Club de Debates Urbanos de Badajoz. Las hay de políticos, funcionarios, empresarios, ciudadanos particulares y familiares de cargos públicos por entender que se les insulta y veja en ese grupo.

La Fiscalía de Badajoz también ha presentado una denuncia por comentarios vertidos en ese mismo grupo, según confirma a HOY el fiscal jefe Juan Calixto Galán.

En su momento, la Fiscalía recurrió el auto de archivo que dictó el juzgado de instrucción número 3 sobre la causa principal, la presentada por el Ayuntamiento en defensa del alcalde y los funcionarios municipales. Estos pidieron amparo al primer edil cansados de que se les acusara de recibir mordidas a cambio de contratos. Juan Calixto Galán explicó que en la Fiscalía entienden que ese archivo fue prematuro y es necesario continuar la instrucción. Por ello la Fiscalía recurrió la decisión a la Audiencia Provincial. También lo hizo el abogado municipal y ahora están pendientes de la resolución de esos recursos.

A raíz de que la Fiscalía presentara ese recurso, distintos perfiles realizaron comentarios sobre el fiscal firmante, Diego Yebra. En la Fiscalía entienden que esas manifestaciones pueden ser injuriosas porque presuntamente desacreditaban, vejaban e insultaban al fiscal Yebra, razón por la que se actuó de oficio desde la propia Fiscalía, apunta Juan Calixto Galán.

El fiscal jefe explica que la libertad de opinión y de expresión es fundamental pero señala que cuando una persona siente que se le ha vejado con manifestaciones de ese tipo, puede acudir a dos vías: la civil y la penal. Hay que tener en cuenta que esta última vía protege a los funcionarios y empleados públicos, de ahí que puedan existir injurias en las redes sociales que puedan ser objeto de un proceso penal. Serán después los jueces quienes determinen si existen delitos.

Cuando se pasan los límites, el fiscal actúa siempre, advierte Galán. Añade que hay que defender la libertad de expresión y de crítica, pero que existe un derecho al honor y a la intimidad que tiene protección civil. Y cuando las expresiones tienen un carácter difamante corresponden al ámbito penal.

Hay dos fiscales trabajando en las denuncias que, como se ha indicado antes, están pendientes de la decisión de la Audiencia Provincial sobre el recurso de la causa principal, que es la del Ayuntamiento. En esas denuncias se apunta que se podrían haber cometido delitos de injurias, amenazas, calumnias, falsificación de documento público y revelación de secretos.

La Policía Nacional comenzó a recibir denuncias en octubre. Desde entonces, los agentes dedicados a delitos tecnológicos han investigado quince por injurias y calumnias. De ellas, trece fueron presentadas en comisaría y otras dos enviadas desde el juzgado. Eso quiere decir que el juez responsable las ha admitido a trámite.

Existen otras siete denuncias por revelación y descubrimiento de secretos. Dentro de estas siete, dos incluyen ciberacoso.

A estas se suma otra por la agresión física a un funcionario municipal en su puesto de trabajo la pasada semana. Este trabajador, Carlos Sánchez-Rubio, dice haber sido objeto de una de estas campañas de injurias desde hace tiempo, pero no llegó a denunciarla. Ahora, sin embargo, ha denunciado la agresión. Tres personas prestaron declaración ante la Policía por estos hechos el pasado día 27 y una de ellas figura como investigada no detenida. Se trata de José Antonio Hinchado, al que se le imputan los cargos de lesiones, daños y amenazas. Según la denuncia, Antonio García-Borruel grababa la agresión con un móvil y se encuentra como testigo en el proceso, igual que una tercera persona. A su vez, Hinchado y García-Borruel han acusado al funcionario por denuncia falsa. Estas mismas personas están implicadas en otras denuncias relacionadas con estas campañas.

Esa supuesta agresión física ha marcado un antes y un después entre los denunciantes de supuestas injurias. En la edición de ayer, varias personas que prefieren ocultar su identidad explicaban que sienten temor a que puedan repetirse agresiones físicas. Los comentarios que están siendo investigados tratan de difundir la idea de que existe corrupción en el Ayuntamiento. Y para ello se acusa a personas relacionadas de alguna manera con el Consistorio de beneficiarse económicamente de la institución. Ese es, en resumen, el contenido de la mayor parte de las denuncias.

Estas campañas y el uso político de las mismas han causado malestar entre quienes las han sufrido y explican, en gran parte, el envenenamiento de la política local en el último año.